El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el embarazo de una interna en el penal de Potracancha, pero descartó la participación de personal del establecimiento en este hecho. A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que ha iniciado una investigación para esclarecer el caso, que ha generado controversia en la región.
La interna identificada con las iniciales V. R. Q., de 34 años, está recluida desde noviembre de 2022 por el delito de tráfico ilícito de drogas. Según el comunicado, el pasado 13 de junio el fiscal Jimy Matías Espinoza acudió al penal y tomó su declaración, en la que la reclusa negó estar embarazada por parte de algún trabajador del INPE.
Tres días después, la interna confirmó estar embarazada desde abril, pero reiteró que no ha sido víctima de abusos, presiones ni maltrato. En ambas declaraciones estuvo presente su abogado defensor.
A pesar de la versión oficial, fuentes familiares han señalado que el presunto padre sería un trabajador del INPE, extremo que no ha sido confirmado por la interna ni por las autoridades fiscales.
El INPE anunció medidas de protección integral para salvaguardar la salud física y emocional de la interna gestante, así como el acceso a atención médica adecuada.
La institución reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la sanción de cualquier conducta que vulnere la legalidad dentro del sistema penitenciario.
