La reciente autorización del préstamo externo de 200 millones de dólares para financiar la pavimentación de 190 kilómetros del Corredor Vial n.° 23, que conectará Tournavista y Honoria, ha sido recibida con expectativas altas y comprensibles. Se trata de una intervención largamente esperada por comunidades amazónicas que, durante décadas, han enfrentado aislamiento y elevados costos logísticos para llevar sus productos al mercado.
El anuncio oficial, sin embargo, llega en un contexto sensible. Mientras el Gobierno Regional de Huánuco arrastra cuestionamientos por obras inconclusas y comunidades enteras se movilizan exigiendo respeto y resultados concretos, el Ejecutivo central asume directamente la ejecución de este megaproyecto a través de Provías Descentralizado.
El financiamiento, acordado con la Corporación Andina de Fomento, implica compromisos financieros de largo plazo que deberá afrontar el Estado peruano. A diferencia de promesas aisladas, la ejecución de este proyecto involucra una deuda que será pagada por todos los peruanos y que, por tanto, exige resultados concretos y verificables.
Se destaca la promesa de impulsar la competitividad y dinamizar la producción agropecuaria. Sin embargo, la historia nos recuerda que muchas veces el asfalto ha llegado sin la debida planificación social ni ambiental, dejando a su paso conflictos y nuevas brechas. La conectividad debe entenderse no solo como la mejora de la transitabilidad vehicular, sino como una herramienta para fortalecer la cohesión social y crear oportunidades reales.
Las comunidades beneficiarias necesitan claridad sobre cómo se garantizará la contratación de mano de obra local, el respeto a sus territorios y la sostenibilidad de los impactos. La ciudadanía ya no se conforma con discursos celebratorios; exige obras que transformen la realidad y respeten la dignidad de las personas.
A la par, resulta fundamental insistir en el acompañamiento técnico y en la vigilancia ciudadana. No podemos permitir que los errores del pasado se repitan, ni que se consoliden modelos de desarrollo que favorezcan a unos pocos y dejen atrás a las poblaciones rurales.
El desafío ahora es convertir esta millonaria inversión en un ejemplo de infraestructura inclusiva y responsable, y no en otro hito que engrose la larga lista de promesas incumplidas.
La Amazonía y sus ciudadanos merecen caminos que conduzcan al desarrollo con justicia y respeto. Y merecen también gobiernos —centrales y regionales— que respondan con seriedad, transparencia y compromiso real.
