La suspensión de la fiscal suprema Patricia Benavides pende de un hilo mientras la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se prepara para deliberar sobre la apelación presentada por su defensa. Este caso, que ha sacudido los cimientos del Ministerio Público, podría reabrir la puerta a su reincorporación en un momento crítico para la institución, inmersa en investigaciones complejas y de alta sensibilidad política. Recordemos que Benavides fue designada Fiscal de la Nación en julio de 2022, en un contexto de cuestionamientos a la independencia del Ministerio Público y su lucha contra la corrupción, relevando a Zoraida Ávalos, quien había sido suspendida por el Congreso. La gestión de Benavides estuvo marcada por la controversia desde el inicio, incluyendo investigaciones sobre presuntas irregularidades en su tesis doctoral, hasta las acusaciones que ahora la tienen suspendida.
Según la investigación publicada por El Comercio, la defensa de Benavides Vargas presentó formalmente el recurso de apelación contra la medida de suspensión de 24 meses impuesta por el juez de investigación preparatoria, Segismundo León, la mañana del jueves. Esta restricción se deriva de la investigación que se le sigue por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, en relación con su presunta intervención en un caso vinculado a la organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, un escándalo que destapó una red de corrupción en el sistema judicial peruano.
La respuesta de Benavides no se hizo esperar. Acompañada de sus abogados Juan Peña, Jorge del Castillo y Christian Salas, la suspendida fiscal ofreció una conferencia de prensa en la que cuestionó vehementemente la decisión judicial. Denunció una supuesta instrumentalización del Ministerio Público y un atropello a sus derechos fundamentales. En particular, Benavides acusó a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de “desobediencia flagrante” al no ejecutar la resolución favorable emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instancia encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales. Este enfrentamiento directo entre ambas fiscales evidencia la profunda división que existe dentro del Ministerio Público, añadiendo más tensión al delicado proceso legal.
La defensa de Benavides ha desplegado una estrategia legal agresiva. Juan Peña, uno de sus abogados, reveló que la semana pasada solicitaron formalmente que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se inhibiera de las investigaciones contra su clienta. Argumentan que Espinoza tiene un interés directo en el caso, lo que compromete su imparcialidad. Ante la falta de respuesta, presentaron un recurso de habeas corpus buscando apartarla de las investigaciones y anular todas las actuaciones realizadas desde la resolución de la JNJ favorable a Benavides. Este recurso busca cuestionar la legitimidad de las investigaciones en curso y poner en duda la objetividad de la fiscal Espinoza.
Paralelamente, Humberto Abanto, otro integrante del equipo legal de Benavides, anunció que, en caso de que la apelación sea favorable, solicitarán a la Junta Nacional de Justicia que determine si la gestión de Benavides como fiscal de la Nación puede extenderse más allá del periodo original previsto, que culminaba el 1 de julio de 2025. Abanto argumenta que el intento de “profundizar” el agravio contra su clienta, al no ser restituida como ordenó la JNJ, justificaría una “reposición de plazo”. Esta jugada legal busca asegurar la permanencia de Benavides en el cargo, incluso si logra superar los obstáculos legales actuales.
En el escrito de apelación, la defensa de Benavides argumenta que existió una “falta de objetividad” en el requerimiento fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y que el juzgado no analizó este aspecto crucial. Sostienen que la imputación contra Benavides, de liderar una organización criminal para beneficiarse en el concurso de selección de fiscales supremos, involucra directamente a Espinoza, quien solicitó su suspensión. La defensa también cuestiona la falta de motivación de la resolución judicial, la ausencia de pruebas suficientes para sostener la acusación de liderazgo en una organización criminal y la competencia del juzgado supremo de investigación preparatoria para resolver el pedido de suspensión. Asimismo, alegan la violación del derecho a la prueba, argumentando que los elementos presentados no alcanzan el estándar probatorio requerido.
La defensa rechaza vehementemente la vinculación de Benavides con el abogado José Luis Castillo Alva y sus allegados, argumentando que se basa únicamente en dichos y referencias sin pruebas concretas. Desacreditan incluso una fotografía que muestra a Benavides con personas cercanas a Castillo Alva en las oficinas del Ministerio Público, afirmando que solo evidencia una reunión, sin probar ninguna conexión ilícita. Además, la apelación señala una violación del “principio de legalidad procesal penal”, argumentando que la intervención judicial debió ocurrir después de un proceso en el Congreso, dada la condición de aforada de Benavides. Finalmente, cuestionan una supuesta “contradicción” del juzgado al reconocer la validez de la resolución de la JNJ que habilita a Benavides como fiscal suprema y de la Nación, a pesar de que Espinoza ya ocupa ese cargo. Alegan que la falta de ejecución de la resolución de la JNJ se debe a la “renuencia” de la fiscal Espinoza y otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos, y denuncian la violación del principio de presunción de inocencia, al concluir que Benavides podría “reiterar” presuntas conductas delictivas sin pruebas suficientes.
