El proceso judicial contra el ex presidente Martín Vizcarra ha entrado en una fase crítica, con la solicitud de la fiscalía de prisión preventiva. Este requerimiento se sustenta en la presunción de un riesgo de fuga y la necesidad de asegurar su presencia durante el juicio en curso, donde se le acusa de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014). La fiscalía argumenta que Vizcarra podría evadir una eventual condena, buscando asilo político bajo la narrativa de persecución política. En el Perú, la prisión preventiva es una medida cautelar que se impone cuando existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, una posible pena superior a cuatro años, y peligro de fuga o de obstaculización de la investigación.
Según la investigación publicada por El Comercio, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, presentó su requerimiento ante el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, detallando los motivos por los cuales considera que existe un “evidente y latente peligro de fuga” por parte de Vizcarra.
El fiscal Juárez Atoche centró su argumentación en demostrar el peligro de fuga, un elemento esencial para la aplicación de la prisión preventiva. Según el representante del Ministerio Público, Vizcarra estaría construyendo un discurso para presentarse como un “perseguido político” que le permita solicitar asilo político en el futuro y así evitar una posible condena. El fiscal presentó pruebas que, según su criterio, demuestran que Vizcarra ha intentado “sacarle la vuelta al juzgado” en repetidas ocasiones, lo que evidencia su intención de no respetar una eventual sentencia condenatoria.
La defensa de Martín Vizcarra rechazó contundentemente la existencia de cualquier riesgo de fuga, calificando el pedido de la fiscalía como “improcedente, inmotivado e ilegal”. El abogado defensor, Erwin Siccha, argumentó que Vizcarra tiene arraigo familiar y laboral, presentando contratos de prestación de servicios con el partido Perú Primero y con la empresa Urbaniza 3D S.A.C. Además, negó que su defendido haya intentado evadir a la justicia, señalando que siempre ha colaborado con las investigaciones y ha asistido a todas las audiencias.
Uno de los puntos centrales del debate fue la visita de Vizcarra al terminal de Moquegua sin su escolta, hecho que la fiscalía interpretó como una muestra de su capacidad para evadir la seguridad y potencialmente huir del país. La defensa admitió que Vizcarra estuvo en el terminal, pero argumentó que solo se dirigió a una oficina pública ubicada en el segundo piso para realizar gestiones relacionadas con su trabajo en Urbaniza 3D S.A.C. y que su seguridad se mantuvo a una “distancia prudencial”. Cabe mencionar que los ex presidentes del Perú tienen derecho a seguridad del estado de por vida.
El fiscal también hizo referencia a las declaraciones públicas de Vizcarra, en las que insiste en que es un perseguido político, sugiriendo que está preparando el terreno para solicitar asilo en caso de una condena. Mencionó el caso de Nadine Heredia, quien también alegó persecución política y obtuvo asilo en Brasil, como un ejemplo de cómo Vizcarra podría intentar evadir la justicia. La audiencia continuará este viernes, y se espera que el juez Alcocer emita su resolución en los próximos días. La decisión final podría tener un impacto significativo en el futuro legal de Vizcarra y en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en el país.
