La directora regional de Energía y Minas (DREM), Mercy Rosabel Calderón Rodríguez, aclaró que la propuesta de ordenanza de los alcaldes de la provincia de Leoncio Prado, quienes buscan declarar su territorio como zona no minera, no puede anular los derechos previamente otorgados a concesionarios mineros. En declaraciones a medios locales, Calderón fue enfática al señalar que su dirección no tiene competencia para intervenir en decisiones de esa naturaleza y que toda concesión vigente debe ser respetada conforme al marco legal.
Competencias limitadas
La funcionaria explicó que la Dirección Regional de Energía y Minas tiene como función principal el acompañamiento técnico y supervisión de pequeños productores mineros y mineros artesanales. “Nuestra competencia se limita al trámite ordinario, supervisión y fiscalización. En cuanto a los procesos de formalización minera, estos ya son responsabilidad de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio”, precisó.
Ante la consulta sobre el alcance de la ordenanza, Calderón sostuvo que cualquier pronunciamiento oficial de los municipios deberá ser revisado por las instancias correspondientes. “Hasta la fecha, no hemos recibido ningún documento formal sobre esa declaratoria. Si llega, lo procesaremos conforme a nuestras funciones y respetando el marco legal vigente”, agregó.
Riesgo de conflicto social
La directora regional no descartó que medidas unilaterales como la declaratoria de zona no minera puedan derivar en conflictos sociales, especialmente si interfieren con derechos ya otorgados. “Podría generar enfrentamientos si no se explica a la población cómo funcionan los procedimientos. Hay normas que regulan esta actividad y es deber de las autoridades informar responsablemente”, subrayó.
Situación actual de concesiones
Calderón indicó que existen actualmente 78 mineros inscritos en la provincia de Leoncio Prado, aunque no todos se encuentran en operación. En cuanto a concesiones mineras, precisó que su dirección ha otorgado 13, mientras que otras 40 aproximadamente corresponden a otras entidades, como el Ingemmet.
“No importa si las concesiones fueron otorgadas por la DREM o por el Ministerio. Lo que cuenta es que son derechos ganados, y mientras estén vigentes, con sus pagos al día y permisos en regla, deben respetarse”, sostuvo.
Dato:
En un enfoque más amplio, Calderón recordó que la minería puede desarrollarse de manera responsable si se cumplen los compromisos ambientales. “Una actividad económica no debe estar reñida con el cuidado del entorno. Si se fiscaliza bien, ambas cosas pueden coexistir”, afirmó.
