La controversia en torno a la reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa se intensifica con nuevas revelaciones sobre el alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo. En el centro del debate, se encuentra la propuesta de redimensionamiento de esta área protegida, un tema que ha generado gran preocupación a nivel nacional e internacional debido a su potencial impacto en la preservación de este invaluable patrimonio cultural. La controversia surge en un contexto donde la actividad minera, tanto formal como informal, ejerce una presión considerable sobre la región, amenazando la integridad de los geoglifos y el paisaje circundante.
Según la investigación publicada por El Comercio, Jorge Bravo, figura clave en la promoción del recorte de la reserva arqueológica, ha reconocido su extensa trayectoria de más de 25 años en el sector minero, con concesiones ubicadas en Arequipa, Ayacucho y Apurímac. Sin embargo, la información revelada va más allá, indicando que el alcalde intentó previamente operar dentro del área que ahora busca redefinir.
A pesar de negar la posesión de concesiones activas en la provincia de Nasca o el departamento de Ica, se ha descubierto que Bravo presentó dos solicitudes de concesiones mineras poco antes de asumir su cargo como alcalde, respaldado por el partido Alianza para el Progreso (APP). Estas solicitudes, presentadas en septiembre de 2020 ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), buscaban la autorización para explotar recursos minerales en una zona ubicada dentro de la reserva arqueológica. Los proyectos, denominados Jhosep I (200 hectáreas) y Jhosep II (100 hectáreas), se ubicaban en los distritos El Ingenio y Vista Alegre, respectivamente, y se enfocaban en la minería metálica. En estos proyectos, Bravo contaba con la participación minoritaria de Juan José Junchaya Díaz, ingeniero de proyectos en el Gobierno Regional de Ica, y Juan Carlos Bustillos Illantes.
Ambas solicitudes fueron denegadas por Ingemmet debido a la superposición total con la reserva arqueológica. Las resoluciones de cancelación, emitidas en enero y abril de 2021, enfatizaron la prohibición de otorgar derechos de explotación minera dentro de esta área protegida. El Consejo de Minería, máxima autoridad administrativa en materia minera, ha confirmado reiteradamente la cancelación de petitorios mineros que invaden la reserva arqueológica de Nasca, señalando que la intangibilidad del área se fundamenta en las leyes que protegen el Patrimonio Cultural de la Nación.
La reserva arqueológica, establecida en 1993 y con límites definidos en 2004, abarca una extensión de 5.633,47 km² y comprende 10 distritos de las provincias de Nasca, Palpa e Ica, en la región Ica, y tres distritos de Lucanas, en Ayacucho. La presión minera en la zona, a pesar de su condición de intangibilidad, es considerable. Dentro de los 13 distritos que conforman el polígono original, se han registrado 728 derechos mineros en trámite y 596 derechos mineros titulados, además de 2.594 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aunque el 90% de estas inscripciones en Reinfo se encuentran suspendidas, aún se mantienen dentro del plazo otorgado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para su «regularización».
El alcalde Bravo ha defendido públicamente la necesidad de redefinir los límites de la reserva arqueológica. Previo al retroceso del Ministerio de Cultura en la resolución que pretendía reducir el área protegida en un 42%, el alcalde aseguró que el recorte no afectaría «la zona nuclear ni de amortiguamiento» de las Líneas de Nasca. En declaraciones a la prensa local, Bravo argumentó que la reducción del área debía complementarse con un plan de gestión provincial para identificar «zonas liberadas» aptas para «todo tipo de inversión», reconociendo, no obstante, la presencia de interés minero informal en la zona.
La vinculación de Bravo con la minería se extiende a través de seis empresas diferentes. De cuatro empresas en las que figura como fundador en Registros Públicos, tres mantienen deudas en cobranza coactiva con la Sunat que superan los 2 millones de soles. Estas empresas son Minería & Tecnología Bravo Empresa Individual De Responsabilidad Limitada-Minería & Tecnología Bravo (con una deuda de S/1’457.867), Minecom JJ Bravo E.I.R.L. (con domicilio fiscal en Nasca y una deuda de S/123.234), y Mining JJ & G Bravo S.A.C. (con una deuda de S/634.513). Minería & Tecnología Bravo E.I.R.L. posee tres registros en el Reinfo en condición suspendida, ubicados en los distritos de Cañete (Lima), Nasca (Ica) y Caraveli (Arequipa). Adicionalmente, otras dos empresas en las que el alcalde fue gerente registran cinco inscripciones en Reinfo en distritos de Arequipa y Lima, todas en estado suspendido.
Karina Garay, vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y extitular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, considera que la relación del alcalde con la minería, una de las actividades que se beneficiarían directamente del recorte del polígono intangible, plantea un claro conflicto de intereses. Garay argumenta que, al favorecer un sector al que pertenece, el alcalde estaría contraviniendo el artículo 21 de la Constitución, que protege los bienes del Patrimonio cultural de la nación, y el artículo 6 de la Ley de Ética de la Función Pública, que establece la primacía del interés público sobre el privado. La participación directa o indirecta del alcalde en empresas mineras representa, según Garay, un favoritismo inaceptable en la decisión de reducir el área protegida. El Comercio intentó contactar a Bravo para obtener sus descargos, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
