Persisten las ocupaciones sin contrato de inmuebles públicos en Huánuco, mientras las autoridades guardan silencio. En pleno siglo XXI, Huánuco arrastra un problema que parecería sacado de tiempos en los que la informalidad era norma: varias entidades públicas siguen utilizando locales de la Beneficencia sin contrato alguno que respalde legalmente su ocupación.
Uno de los casos más recientes involucra a la oficina regional de Transportes, que estaría funcionando en un inmueble cuya administración pertenece a la Sociedad de Beneficencia de Huánuco. De acuerdo con la regidora Espinoza, esta situación no es nueva: ya ocurrió anteriormente con el local donde operaba la Dirección Regional de Salud (Diresa), ubicado en el jirón Dama.
Ambos predios no cuentan con contratos formales. No existe documento alguno —ni de alquiler, ni de cesión, ni de venta— que respalde la permanencia de estas instituciones en los locales. La misma Beneficencia se encuentra en un litigio con posesionarios de espacios vinculados al cementerio, el mercado y hasta el aeropuerto, según versiones recogidas por este medio.
Un caso aparte es el de un local municipal que, según comerciantes del Mercado Modelo, fue vendido por antiguos posesionarios sin que se aclare formalmente su legalidad. Esto, lejos de tratarse de una excepción, parece ser parte de un patrón de desorden institucional.
La raíz de esta maraña parece remontarse a más de un siglo atrás, cuando el acaudalado ciudadano huanuqueño, el señor Fernandini, donó extensas propiedades a la Beneficencia. Su intención era clara: poner estos bienes al servicio del bienestar colectivo. No obstante, nunca se suscribieron los documentos legales necesarios para formalizar dichas transferencias.
Hoy, esa falta de legalidad se traduce en una debilidad institucional crónica. Sin contratos ni papeles firmados, cualquier autoridad o entidad que ocupe esos predios podría ser desalojada en cualquier momento.
Más allá de la indignación, el problema plantea una cuestión elemental: ¿cómo puede el Estado exigir legalidad si él mismo opera desde la informalidad? Si no se regulariza esta situación, no solo se compromete la estabilidad de las instituciones públicas, sino también la confianza ciudadana en el respeto al marco normativo.
Urge que las autoridades de la Beneficencia y del Gobierno Regional de Huánuco inicien un proceso de formalización transparente, con contratos claros, plazos definidos y respeto por el legado patrimonial. Solo así se podrá avanzar hacia una administración pública sólida, moderna y respetuosa de la ley.
