La controversia en torno a la autenticidad de la firma de la presidenta Dina Boluarte en un decreto supremo ha escalado al Congreso, con la solicitud de la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), de verificar el peritaje presentado por la clínica del doctor Mario Cabani. La solicitud de Juárez se centra en la necesidad de una verificación exhaustiva para determinar la validez del peritaje que cuestiona la firma de la mandataria, en medio de crecientes interrogantes sobre su estado de salud y actividades en fechas clave.
Según la investigación publicada por El Comercio, el peritaje en cuestión, encargado por la Clínica Rejuvenecimiento y Estética Cabani SRL, sugiere que la firma en el decreto supremo no corresponde a la de Boluarte Zegarra. Este dictamen ha desatado una ola de reacciones y cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión presidencial.
Juárez Gallegos, en declaraciones a la prensa, enfatizó la importancia de abordar el tema con seriedad, considerando que se trata de un asunto de relevancia pública. En este sentido, argumentó que la práctica común en litigios judiciales es contrastar un peritaje con al menos otros dos, para confirmar o refutar su validez. La congresista considera que este procedimiento es fundamental para garantizar la objetividad en la investigación.
El peritaje en discordia, elaborado por Julio Alfredo Espejo Quevedo, consta de 66 páginas y fue realizado el 13 de junio. En él, se analizan firmas de tres cartas remitidas por la presidenta, así como la rúbrica en el decreto supremo del 29 de junio de 2023, fecha en la que, según el doctor Cabani, Boluarte estuvo internada en su clínica. Este detalle ha generado suspicacias y ha alimentado las dudas sobre las actividades de la presidenta en dicho período.
Por otra parte, la congresista Juárez también criticó al doctor Mario Cabani por supuestamente romper el secreto profesional al revelar detalles de las cirugías realizadas a la presidenta Boluarte. Juárez expresó su preocupación por la posible afectación a la confianza de los pacientes hacia el médico, argumentando que ventilar información sobre procedimientos médicos de un paciente podría generar desconfianza en el ejercicio de su profesión. Es importante recordar que el secreto profesional médico está protegido por el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, que establece la confidencialidad de la información del paciente.
La controversia se produce en un contexto político delicado, marcado por investigaciones fiscales sobre el uso de relojes de alta gama por parte de la presidenta, y otras acusaciones que han debilitado la imagen del gobierno. Además, el Congreso ha mostrado una creciente polarización, con sectores de la oposición buscando promover una moción de vacancia presidencial.
La solicitud de contrastar el peritaje se presenta como un intento de Fuerza Popular de manejar la situación con cautela, evitando pronunciamientos definitivos hasta contar con mayor evidencia. Sin embargo, la polémica en torno a la salud de la presidenta y la autenticidad de su firma añade presión al gobierno, en un momento en que la estabilidad política del país se ve amenazada.
