La burocracia partidaria en el Congreso de la República vuelve a ser objeto de escrutinio público, evidenciando una práctica donde la lealtad política parece prevalecer sobre las capacidades profesionales. La Oficina de Comunicaciones, un área clave para la imagen y la difusión de información del parlamento, se ha convertido en un claro ejemplo de esta tendencia, con la colocación de personal afiliado a partidos políticos, particularmente Alianza para el Progreso (APP), en puestos donde la experiencia y la formación académica parecen ser secundarias. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia, la eficiencia y la calidad del trabajo legislativo.
Según la investigación publicada por El Comercio, la Oficina de Comunicaciones del Congreso, en mayo de 2025, contaba con 121 trabajadores en su planilla. Este análisis revela que un porcentaje significativo de estos empleados no posee título universitario, a pesar de ocupar cargos con salarios considerablemente altos.
La investigación destaca que, dentro de la Oficina de Comunicaciones, se pueden encontrar perfiles diversos, como el de un estilista que percibe un sueldo superior a los S/ 4.000 mensuales, desempeñando funciones de “auxiliar”. Este caso resalta la aparente falta de correspondencia entre las habilidades profesionales y las responsabilidades asignadas, poniendo en tela de juicio los criterios de selección y contratación del personal legislativo. Es importante recordar que el Congreso cuenta con una peluquería para uso de los congresistas, servicio que podría generar ahorros si se integrara formalmente al personal existente.
El reportaje se centra en la presencia de siete jóvenes afiliados a APP en la planilla de la Oficina de Comunicaciones. Entre ellos, se menciona a Yuriko Collantes, graduada de la Universidad César Vallejo, propiedad de los Acuña, quien ha transitado por diversas dependencias del Congreso gracias a su filiación partidaria. Asimismo, Lourdes Mendoza, con estudios técnicos en diseño, se afilió recientemente en 2025 y ha ocupado distintos puestos dentro de APP. La fuente del medio periodístico indica que la afiliación partidaria se ha convertido en un requisito para mantener o acceder a puestos en el Congreso.
El congresista Héctor Acuña, reconoció haber recibido recomendaciones del partido para la contratación de personal, mencionando que cada legislador debía apoyar con la contratación de dos trabajadores afiliados. Esta declaración confirma la existencia de una práctica de cuotas partidarias en la administración del Congreso, lo que podría comprometer la meritocracia y la idoneidad del personal contratado. En el mismo sentido, Gerardo Olivas Chira, estudiante de la Universidad César Vallejo, accedió a un puesto de “auxiliar” con un salario superior a los S/ 3.000, a pesar de estar a mitad de su carrera universitaria.
Otros casos mencionados en el reportaje incluyen a Kazumi Yto, regidora condecorada por César Acuña, quien ha ocupado puestos en la presidencia del Congreso y en la Oficina de Comunicaciones, y a Samantha Ticona, estudiante de periodismo audiovisual, cuyo salario como “auxiliar” supera los S/ 2.000, a pesar de haber sido calificada como “No Apta” para un cargo de “Analista de Programación” en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Diana Dávila Callao, también afiliada a APP, percibe un salario de S/ 5.000 mensuales sin poseer título universitario, superando la remuneración de su hermana Estefany, quien sí cuenta con diploma universitaria. La rotación constante del personal afiliado a APP en diferentes dependencias del Congreso podría responder a la necesidad de acumular cinco años de servicio para obtener la condición de personal fijo, lo que dificulta su despido.
Hasta el cierre de la investigación, el Diario El Comercio no obtuvo respuesta a sus solicitudes de descargos formales a Oficialía Mayor y a los afiliados de APP, evidenciando la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión del personal del Congreso. La situación descrita refleja una preocupante tendencia de politización de la administración pública, donde los intereses partidarios priman sobre la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio parlamentario.
