El expresidente del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajuzón, expresó su preocupación ante lo que considera un uso indebido de los recursos del Estado por parte del gobernador regional, al permitir que sus hijos participen de manera recurrente en actos oficiales, asumiendo roles que podrían exceder lo meramente protocolar y adquirir connotaciones políticas.
Cajuzón manifestó que, si bien no existe un impedimento legal para que familiares acompañen a una autoridad en eventos públicos, la situación cambia si se demuestra que estas personas buscan posicionamiento político a través de dichas actividades. “Podríamos estar frente a hechos que configuren ilícitos penales. En ese caso, el Ministerio Público tendría competencia para intervenir”, advirtió.
Críticas al protagonismo de los hijos del gobernador en actos oficiales
El abogado comentó que se ha visto reiteradamente la presencia de los hijos del gobernador en ceremonias de inauguración y otras actividades oficiales, incluso en calidad de padrinos o voceros. “Ese protagonismo genera un descrédito ético para la gestión regional. No se puede permitir que los actos públicos se conviertan en plataformas para promocionar a los familiares del mandatario”, afirmó.
Cuestionó también la participación de uno de los hijos del gobernador en una reciente donación pública de una computadora, advirtiendo que este tipo de gestos, al ser difundidos en eventos oficiales, podrían tener un objetivo político. “Si la intención es ayudar, debe hacerse sin alarde. Estos actos, más que favorecer, dañan la imagen del gobierno regional”, señaló.
Posible uso de recursos humanos para fines personales
Cajuzón denunció que periodistas del área de imagen del Gobierno Regional estarían colaborando en la realización de videos o contenidos protagonizados por los hijos del gobernador. De comprobarse, dijo, esta práctica podría constituir una forma de peculado. “Los recursos del Estado son para fines públicos, no para promocionar intereses particulares”, enfatizó.
Además, recordó que la fiscalización es competencia directa del Consejo Regional, cuyos integrantes deberían pronunciarse al respecto. “Si los consejeros no actúan, se convierten en cómplices por omisión. Aun si no se detecta perjuicio económico, al menos debe haber una sanción ética y una llamada de atención”, sostuvo.
Contrataciones dirigidas y descontento ciudadano
Finalmente, Cajuzón se refirió a denuncias ciudadanas sobre la contratación de personal de confianza con sueldos elevados y presunto direccionamiento en procesos de selección. Aunque dijo no conocer detalles específicos, insistió en que cualquier contratación debe respetar los perfiles profesionales exigidos. “Nombrar a personas sin el perfil adecuado puede derivar en responsabilidad administrativa y penal, especialmente si se vulneraron las bases de concursos públicos”, señaló.
Rechazó también la desmotivación que estas prácticas generan en los jóvenes profesionales. “En Huánuco vemos un gasto público mínimo y un caos institucional. Eso es consecuencia directa de contratar personas por cercanía política y no por capacidad técnica”, concluyó.
