El Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación política por diez años del expresidente Martín Vizcarra, al considerarlo responsable de vulnerar la Constitución cuando dispuso el cierre del Parlamento en 2019. La medida fue respaldada por 67 votos a favor, en una decisión que reaviva el debate sobre la legalidad y las consecuencias institucionales de aquel episodio.
La sanción impide al exmandatario ejercer cualquier función pública durante el periodo señalado. La moción fue sustentada sobre la base de una presunta infracción constitucional, vinculada al artículo 134 de la Carta Magna, el cual regula los supuestos que permiten la disolución del Congreso.
La resolución adoptada por el Congreso se da casi seis años después de los hechos, ocurridos durante una de las etapas más convulsas del panorama político reciente. Cabe recordar que el 30 de septiembre de 2019, Vizcarra anunció la disolución del Legislativo bajo el argumento de obstrucción sistemática a su gestión, particularmente en temas de reforma política y judicial. La acción fue cuestionada desde diversos sectores, aunque en su momento recibió amplio respaldo popular.
La decisión del Parlamento no implica consecuencias penales, pero sí anula cualquier posibilidad de postulación electoral para Vizcarra en el corto y mediano plazo. En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también confirmó su desafiliación del partido Perú Primero, agrupación con la que intentaba mantenerse vigente en la arena política.
