La **Ley Seca**, una restricción de la venta de bebidas alcohólicas durante los procesos electorales, vuelve a ser objeto de debate en el Congreso. Esta medida, arraigada en la historia electoral peruana, busca garantizar un ambiente de orden y reflexión durante las votaciones, evitando posibles disturbios o influencias indebidas derivadas del consumo de alcohol. Sin embargo, su pertinencia en el siglo XXI es cuestionada por algunos sectores, que argumentan sobre su impacto económico y la madurez cívica de la ciudadanía.
Según la investigación publicada por El Comercio, el congresista Edward Málaga Trillo ha propuesto modificar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones para que la aplicación de la denominada Ley Seca sea facultativa, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre su utilidad y conveniencia.
La propuesta de Málaga Trillo se centra en otorgar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la potestad de decidir, de manera justificada, si se prohíbe o no la venta de alcohol en determinadas zonas durante los procesos electorales. El legislador argumenta que la restricción obligatoria afecta innecesariamente a pequeños comerciantes y limita la libertad de los ciudadanos, quienes deberían ser responsables en su consumo y participación electoral. De manera complementaria, la iniciativa permitiría a los gobiernos locales establecer regulaciones adicionales según las particularidades de cada región.
Actualmente, la Ley Seca impone una prohibición de 48 horas que abarca desde las 8 a.m. del día previo a las elecciones hasta las 8 a.m. del día siguiente. Roberto Burneo, presidente del JNE, ha manifestado su preocupación ante una posible derogación, sugiriendo que, en su lugar, se debería reforzar la seguridad durante los comicios. Por otro lado, el congresista Alejandro Soto Reyes ha presentado un proyecto alternativo que busca reducir el plazo de restricción a 28 horas.
El debate también ha puesto sobre la mesa el impacto económico de la Ley Seca. Milagros Chojeda, vocera de la Asociación de Gremios de Mujeres Bodegueras, estima que las pérdidas para las pequeñas tiendas podrían ascender a 320 millones de soles en 2026, año en que coincidirán las elecciones generales y regionales, incluyendo posibles segundas vueltas. Las bodegas dependen en gran medida de la venta de licor durante los fines de semana, y la restricción les impide competir con supermercados y tiendas de conveniencia.
Expertos en temas electorales, como José Manuel Villalobos, consideran que la Ley Seca es una medida anacrónica, nacida en un contexto histórico donde la compra de votos con alcohol era una práctica común. Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE, recuerda que la ley se implementó para evitar disturbios y actos de violencia durante las votaciones, que antiguamente se extendían por varios días y se realizaban en espacios públicos. Hoy en día, algunos países de la región han optado por eliminar la restricción o delegar su aplicación a los municipios.
A pesar de las críticas, José Tello, exministro de Justicia, defiende la vigencia actual de la Ley Seca, argumentando que ya se flexibilizó en 2014 al reducir su duración de 72 a 48 horas. Tello advierte que cualquier modificación podría generar mayores costos de fiscalización y que, en todo caso, las nuevas normas se aplicarían recién en las elecciones regionales y municipales de 2026, respetando la intangibilidad normativa en materia electoral.
