Jaime Aval Ramos, abogado de los pobladores del caserío Nuevo Belén de Honoria, solicitó públicamente la intervención del Gobierno Regional de Huánuco frente al conflicto de límites territoriales con la empresa privada Refiza, cuyo accionar —según indicó— ha generado tensiones en un área de más de mil hectáreas habitada por familias con más de cuatro décadas de posesión.
El letrado explicó que el conflicto tiene raíces antiguas. Las tierras, originalmente destinadas por el Estado en los años 40 para fines productivos, fueron cedidas en uso a una empresa que luego habría vendido su derecho posesorio a Refiza, pese a tratarse —según sostuvo— de terrenos que ya estaban ocupados por comunidades locales.
“Los comuneros tienen más de 30 o 40 años viviendo y trabajando esas tierras. Muchos cuentan con chacras establecidas. No es justo que ahora se los pretenda desalojar sin reconocer esa posesión legítima”, declaró Aval. El área en disputa alcanzaría entre mil y dos mil hectáreas y actualmente alberga a más de 45 familias, según el abogado.
Una parte en Ucayali, otra en Huánuco
Aunque precisó que no existe aún una demanda legal abierta por esta tercera parcela —ocupada por la comunidad de Nuevo Belén—, sí refirió antecedentes de conflictos similares con las parcelas 1 y 2, ya en manos de la empresa y sujetas a procesos judiciales en la jurisdicción de Ucayali. Estos antecedentes incluyen denuncias penales por enfrentamientos entre pobladores y representantes de Refiza, según explicó.
Además, advirtió que parte del territorio en disputa pertenece a Huánuco y otra a Ucayali, lo cual ha generado dificultades administrativas y legales. “La parcela 1 y 2 están en Ucayali, pero esta tercera está en zona mixta. Nosotros queremos prevenir que estalle un conflicto mayor”, afirmó.
Llamado al Gorehco
Aval detalló que en una reciente reunión con representantes de Refiza se intentó alcanzar una conciliación, pero no se logró un compromiso definitivo. “La empresa ha dicho que consultará con su directorio. Nosotros hemos dejado clara nuestra posición: se debe respetar el territorio que los pobladores ocupan desde hace décadas”, indicó.
La respuesta oficial se espera para el 17 de junio. Mientras tanto, el abogado reiteró que es necesario que el Gobierno Regional de Huánuco intervenga con urgencia para prevenir un conflicto mayor. “Ya ha habido violencia. Incluso se registraron muertes que están siendo procesadas judicialmente”, advirtió.
Dato:
Finalmente, Aval subrayó que el caso de Nuevo Belén no es aislado. Otros sectores, como Tornavista y zonas aledañas, enfrentan problemas similares de superposición de posesiones, falta de saneamiento legal y disputas con empresas privadas que operan bajo títulos discutidos. “Es momento de que las autoridades regionales asuman un rol activo y preventivo”, puntualizó.
