México enfrenta un momento crucial en su sistema judicial con la reciente elección de miles de jueces, un proceso marcado por un **abstencionismo** sin precedentes. Esta reestructuración, ambiciosa en su alcance, busca transformar el modelo de designación judicial, transitando de un sistema basado en nombramientos a uno donde los ciudadanos eligen directamente a sus jueces. La iniciativa, impulsada con la promesa de erradicar la corrupción y el nepotismo, ha generado un intenso debate sobre su legitimidad y posibles consecuencias para la división de poderes en el país.
Según la investigación publicada por The New York Times, la elección judicial a nivel nacional del pasado fin de semana se vio empañada por una participación electoral extremadamente baja, con cerca del 90% de los votantes optando por no ejercer su derecho. Este nivel de abstención plantea serias interrogantes sobre la validez y el respaldo popular al nuevo sistema.
La baja participación, estimada entre el 12.6% y el 13.3% según datos de la autoridad electoral nacional, ha desatado una ola de críticas y preocupaciones. La cifra representa una de las asistencias más bajas en una elección federal desde la transición de México a la democracia a principios de los años 2000. Este resultado pone en tela de juicio la legitimidad de la reforma judicial, especialmente considerando que en la elección presidencial del año anterior, la participación ciudadana rondó el 60%, lo que evidencia una marcada diferencia en el interés y la movilización electoral.
La complejidad del proceso electoral, con un número abrumador de candidatos compitiendo por cerca de 2,700 puestos judiciales, incluyendo magistrados de la Suprema Corte y otros tribunales federales y locales, contribuyó a la confusión entre los votantes. Adicionalmente, grupos de monitoreo electoral reportaron irregularidades, como el uso de “hojas de trucos” proporcionadas por el partido Morena, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que generó acusaciones de manipulación del voto.
Expertos en independencia judicial han expresado su preocupación por la transparencia y equidad del proceso. Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo, calificó la elección como un “intento claro de manipular el voto”, señalando la presencia de votantes portando listas de candidatos y la entrada de múltiples personas a las casillas de votación. Estas irregularidades, junto con reportes de compra de votos, empañan la imagen de una elección que buscaba fortalecer la confianza en el sistema judicial.
A pesar de las críticas, la presidenta Sheinbaum defendió la elección judicial como un evento “inédito, impresionante, maravilloso y democrático”. Sin embargo, la realidad de la baja participación y las denuncias de irregularidades contrastan fuertemente con su optimismo. La reforma judicial, una iniciativa clave del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentaba que era necesaria para erradicar la corrupción y el nepotismo, ahora enfrenta el desafío de ganarse la confianza de la ciudadanía y demostrar resultados tangibles en la mejora de la administración de justicia. La situación actual recuerda al referéndum de 2021 sobre investigar a expresidentes, que solo atrajo al 7% del electorado, aunque la magnitud y las implicaciones de ambas consultas son considerablemente diferentes.
