La creciente ola de criminalidad organizada, con delitos como el sicariato y la extorsión alcanzando niveles alarmantes, ha impulsado a congresistas a presentar iniciativas legislativas buscando proteger tanto a los ciudadanos que denuncian estos crímenes como a los emprendedores y comerciantes que son víctimas de extorsionadores. Estas propuestas buscan establecer mecanismos legales y operativos que fomenten la denuncia y garanticen la seguridad de quienes se atreven a colaborar con la justicia, en un contexto donde el temor a represalias es un factor determinante.
Según la investigación publicada por Gestión, dos proyectos de ley, presentados por diferentes bancadas, abordan este problema desde distintas perspectivas. Uno se centra en la protección de la identidad de los denunciantes, mientras que el otro busca brindar apoyo directo a los empresarios y comerciantes que sufren extorsión.
La congresista Diana Gonzales, del partido Avanza País, ha propuesto el Proyecto de Ley N° 11398/2024-CR, cuyo objetivo principal es crear un marco legal sólido para proteger la identidad de aquellos ciudadanos que proporcionen información valiosa sobre delitos vinculados al crimen organizado, como el sicariato y la extorsión. Esta iniciativa define al “denunciante protegido” como aquella persona que ofrece datos útiles y verificables a las autoridades sobre la comisión o planificación de estos delitos.
La confidencialidad de la identidad del denunciante se convierte en un pilar fundamental de esta propuesta, garantizándose desde el momento en que se presenta la denuncia. La única excepción a esta protección sería una orden judicial debidamente fundamentada que determine lo contrario. El proyecto también establece canales específicos para realizar las denuncias, incluyendo la opción de acudir personalmente a fiscalías o comisarías habilitadas, así como el uso de plataformas digitales del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú. Se estipula un plazo máximo de cinco días hábiles para la evaluación y verificación de cada denuncia.
Es importante destacar que el proyecto de ley contempla medidas para evitar el abuso de esta figura de protección. Las denuncias falsas o infundadas serán registradas en una base de datos confidencial, y aquellos que incurran en tres denuncias falsas en un año perderán la condición de denunciante protegido. De ser aprobada, la norma deberá ser implementada en un plazo máximo de 60 días calendario por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, lo que subraya la urgencia que se le atribuye a esta problemática.
En paralelo, el congresista Jorge Flores Ancachi, del grupo parlamentario Podemos Perú, ha presentado el Proyecto de Ley N° 11366/2024-CR, que se enfoca en establecer medidas de protección específicas para emprendedores y comerciantes que son víctimas de extorsión. Esta propuesta contempla la creación de la Unidad de Protección Empresarial (UPE), adscrita al Ministerio del Interior, que se encargará de brindar resguardo policial, asesoría y protocolos de respuesta rápida a los empresarios y comerciantes extorsionados. Además, se plantea la creación del Fondo Nacional de Seguridad Empresarial (FNSE), gestionado por el MEF, para otorgar préstamos sin intereses, subsidios y apoyo en seguridad a los negocios afectados.
Una de las disposiciones más severas de este proyecto de ley es la propuesta de sancionar con cadena perpetua a los funcionarios públicos que colaboren con mafias extorsivas, tipificando esta conducta como delito de alta traición al Estado. Esta medida busca enviar un mensaje contundente contra la corrupción y la complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Estas iniciativas legislativas reflejan la creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para aquellos que se atreven a denunciar y enfrentar al crimen organizado.
