La reciente puesta en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una obra crucial para la infraestructura del país y su conectividad global, ha revelado desafíos inesperados en la gestión del transporte terrestre. Si bien la modernización del terminal aéreo representa un avance significativo, la transición no ha estado exenta de inconvenientes, particularmente en lo que respecta al acceso y operación de los servicios de taxi. La confusión inicial entre los conductores sobre las nuevas normativas y rutas ha generado incertidumbre tanto para ellos como para los pasajeros.
Según la investigación publicada por El Comercio, durante la fase de “marcha blanca” y la jornada inaugural, la predominancia de taxis en el traslado de pasajeros hacia y desde el terminal evidenció un desconocimiento generalizado por parte de los choferes en cuanto a las disposiciones vigentes. Este escenario plantea interrogantes sobre la preparación y difusión de información previa al inicio de operaciones del nuevo aeropuerto.
Familiares de los pasajeros han manifestado en redes sociales su preocupación por las prácticas indebidas de algunos taxistas. Tras dejar a los usuarios en la rampa del tercer nivel, algunos conductores ofrecían esperarlos en el mismo lugar para el recojo, contraviniendo las regulaciones establecidas. De manera similar, la búsqueda activa de pasajeros dentro del aeropuerto, circulando sin rumbo fijo, también está prohibida. Estas acciones, impulsadas por la necesidad de no regresar a la calle sin clientes, podrían generar un caos similar al que se buscaba erradicar.
Este desconocimiento de las reglas podría derivar en la consolidación de un circuito informal e incluso ilegal de taxis, similar al que existía en el antiguo terminal aéreo. Esta situación, ya advertida en un reportaje de El Comercio en marzo de 2024, podría materializarse si las autoridades no toman medidas preventivas. Las consecuencias serían la ocupación de áreas no autorizadas, la congestión vehicular, demoras en el embarque y desembarque de pasajeros, y conflictos con los taxis debidamente autorizados para operar dentro del aeropuerto.
Adicionalmente, algunos pasajeros han reportado la negativa de taxistas informales a ingresar al nuevo aeropuerto, debido al desconocimiento de las rutas de acceso y la preocupación por posibles multas por incumplimiento de las normas. Esta situación genera inconvenientes para los usuarios que buscan acceder a servicios de transporte desde fuera del recinto aeroportuario. Ante esta situación, la empresa concesionaria, Lima Airport Partners (LAP), ha reiterado que todos los taxis pueden ingresar al nuevo aeropuerto, siempre y cuando cumplan con la documentación requerida.
LAP ha especificado que los taxis, incluyendo los de aplicaciones, deben presentar la documentación exigida por las autoridades y cumplir con la normativa de Ositrán, el ente regulador. La empresa ha enfatizado su compromiso de garantizar un servicio eficiente y seguro, y ha anunciado que continuará trabajando para armonizar la normativa, la inclusión y la calidad del servicio. El acceso y salida de los taxis formales se realizará exclusivamente a través de los puentes modulares ubicados en la renovada avenida Morales Duárez, una de las principales arterias viales que conecta el aeropuerto con la ciudad.
Para regular la operación de los taxis, se han establecido tres zonas específicas. El nivel 3, destinado al desembarque con acceso directo al terminal, permite una permanencia de 10 minutos para dejar pasajeros y equipaje, con penalizaciones por exceder este tiempo. La “vía libre” ofrece espacios señalizados para dejar y recoger pasajeros rápidamente, con el objetivo de evitar congestiones. Finalmente, el nivel 1 está reservado para vehículos autorizados por LAP, funcionando como una zona controlada para llegadas y garantizar un servicio ordenado y seguro. Estas medidas buscan optimizar el flujo de pasajeros y vehículos, minimizando el impacto en la experiencia del usuario y la eficiencia del transporte terrestre.
