En un movimiento que podría reconfigurar las dinámicas económicas y productivas del país, el congresista Alfredo Pariona, integrante de la Bancada Socialista, ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley ambicioso. La propuesta se centra en la transferencia tecnológica obligatoria por parte de las empresas que operan bajo concesiones estatales. La iniciativa legislativa busca promover un cambio estructural en el sistema productivo peruano, incentivando el avance de la ciencia y la tecnología a nivel nacional, según lo señalado por el parlamentario.
Según la investigación publicada por Gestión, la denominada “Ley que dispone la transferencia tecnológica por parte de las empresas concesionarias” impone a las compañías beneficiarias de concesiones del Estado la obligación de transferir tecnología al Perú. Este requisito impactaría a sectores clave como transporte, energía y minería, requiriendo la inclusión de un Plan de Transferencia Tecnológica detallado en sus propuestas.
El proyecto de ley establece que dicho plan debe detallar los mecanismos, métricas e instrumentos de supervisión necesarios para asegurar que la transferencia sea efectiva, sostenible y de alta calidad. De acuerdo con el congresista Pariona, esta medida representa “una apuesta por el desarrollo soberano y tecnológico del país”, argumentando que el Perú no puede continuar otorgando concesiones sin obtener a cambio el conocimiento necesario para su propio progreso. La meta es revertir la situación actual, donde empresas, en su mayoría extranjeras, aprovechan los recursos nacionales sin contribuir significativamente al desarrollo de capacidades técnicas y científicas locales.
Como ejemplos de la viabilidad de la transferencia tecnológica, se citan casos internacionales exitosos. La venta de aviones de combate Gripen a Brasil por parte de la empresa sueca Saab, que implicó el codiseño de la versión biplaza con Embraer y la capacitación de ingenieros brasileños, es un referente en América Latina. Asimismo, la colaboración entre Corea del Sur y Perú, mediante el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST), ejemplifica la transferencia de conocimiento en áreas como nanotecnología y materiales avanzados.
El decano de la Facultad de Ingeniería de ESAN University, Eddy Morris, en declaraciones a Gestión, señala que la propuesta busca que las inversiones dejen un legado en conocimiento y capacidades técnicas. Morris destaca los posibles beneficios de la transferencia tecnológica obligatoria, como el desarrollo del talento humano, la modernización de las industrias, la reducción de la dependencia tecnológica y el uso más equitativo del conocimiento generado por proyectos financiados con recursos públicos, enfatizando que no se asegura que se logren estos beneficios.
La supervisión del cumplimiento de esta nueva obligación recaería en el sector que otorga la concesión, bajo la rectoría del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital. Se ha previsto un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley y defina los lineamientos específicos. Sin embargo, Morris advierte sobre la necesidad de una definición más precisa de “transferencia tecnológica” y la creación de una entidad técnica especializada que coordine y fiscalice los avances. Asimismo, propone la implementación de incentivos para fomentar una participación activa de las empresas, en lugar de un enfoque meramente punitivo.
Un aspecto clave del proyecto es que no implica un gasto adicional para el Estado peruano, ya que la responsabilidad de implementar y financiar la transferencia tecnológica recae en las empresas concesionarias. Los beneficios proyectados incluyen el impulso a la industrialización, el fortalecimiento de la competitividad nacional y la generación de capacidades científicas y tecnológicas en el país. No obstante, Morris subraya la importancia de articular esta ley con una política educativa, científica e industrial que identifique y prepare a los beneficiarios, advirtiendo sobre el riesgo de que la transferencia ocurra sin dejar capacidades instaladas si no existe un vínculo obligatorio con universidades, institutos tecnológicos o empresas nacionales.
