La provincia de Pataz, en La Libertad, sigue siendo un foco de tensión debido a la persistente problemática de la minería ilegal. En este contexto, el 29 de mayo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, lideró la instalación de la “Mesa de Trabajo Multisectorial para el Desarrollo Sostenible”, una iniciativa del Ejecutivo destinada a abordar la crisis de seguridad, informalidad y violencia que azota la zona. Esta mesa buscaba reunir a diversos actores para encontrar soluciones a la problemática minera en una región donde la extracción de oro, a menudo informal, genera conflictos y preocupación por el impacto ambiental.
Según la investigación publicada por El Comercio, la instalación de esta mesa de trabajo se vio empañada por la presencia de personajes cuestionados. A pesar de que el evento reunió a ministros, funcionarios de alto rango, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales, la presencia de Orlando Sánchez Iparraguirre, un individuo investigado por delitos ambientales y cuya actividad minera ha sido revocada por el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem), generó controversia y puso en duda la legitimidad del proceso.
Sánchez Iparraguirre, a pesar de estar excluido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), fue visto con casco de seguridad y chaleco de rondero, regulando el ingreso al recinto. Este hecho, captado en videos y fotografías, evidencia su influencia en la zona, donde controla el acceso e incluso decide quién puede ingresar, bloqueando el paso a algunos asistentes y permitiendo el ingreso a otros, según testimonios recabados.
La investigación de El Comercio señala que tanto Orlando Sánchez como su hermana, Teonila Sánchez Iparraguirre, han amasado un considerable poder económico en Pataz a través de actividades vinculadas a la minería informal. Su patrimonio incluye propiedades, centros de esparcimiento, clubes nocturnos y empresas de transporte de minerales. Orlando Sánchez es propietario del hotel Orlando’s, lugar donde, según fuentes locales, se firman contratos de alquiler de polvorines, un insumo clave para la actividad minera.
Otro actor presente en la mesa de trabajo fue José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz). Torrealva, quien también enfrenta una investigación por presunta minería ilegal, es dueño de Inversiones Daymart, una de las empresas con mayor movimiento de mineral aurífero en 2024 desde Pataz. Registros indican que realizó 28 visitas al Congreso, principalmente entre septiembre y noviembre de 2024, coincidiendo con el debate sobre la ampliación del Reinfo.
Tras la culminación de la mesa de trabajo, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariño, junto con otros líderes de organizaciones sociales y el alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, emitieron un pronunciamiento conjunto rechazando la instalación de la mesa, alegando “una conducta impositiva” por parte de las autoridades. Exigieron la instalación de una mesa de diálogo “formal y democrática” en un plazo de 72 horas, bajo la amenaza de un “acto de desborde social”. Además, solicitaron el levantamiento de la suspensión de actividades mineras impuesta por el gobierno tras el asesinato de 13 trabajadores en la zona.
Máximo Gallo, director de la Dirección General de Formalización Minera, minimizó las críticas, afirmando que la mesa se instaló sin problemas y con la conformidad de los presentes. Reconoció, sin embargo, que hubo un debate sobre el levantamiento de la suspensión de actividades mineras, una demanda clave de los mineros locales. Gallo defendió la legitimidad de la mesa, indicando que se espera la acreditación de los miembros titulares y alternos por parte de las organizaciones en un plazo de cinco días. Con respecto a la presencia de Sánchez, aseguró que la Policía controló el ingreso y que no participó directamente en la mesa, mientras que justificó la participación de Torrealva como líder de una organización “reconocida”.
