La seguridad escolar emerge como prioridad absoluta en el sistema educativo peruano. En un esfuerzo por salvaguardar la integridad de los estudiantes, el Ministerio de Educación (Minedu) ha implementado medidas drásticas, separando a casi un millar de personas involucradas en procesos judiciales o con condenas por delitos graves. La iniciativa responde a la creciente preocupación por la violencia y la protección infantil en los entornos educativos, especialmente en un contexto donde los casos de abuso y acoso escolar han generado alarma pública.
Según la investigación publicada por El Comercio, entre el 1 de abril de 2024 y el 29 de mayo de 2025, un total de 972 individuos –integrados por 831 docentes y 141 trabajadores administrativos– fueron removidos de sus cargos debido a su vinculación con crímenes de lesa humanidad, y otros delitos de la misma magnitud.
El informe ministerial detalla que 162 de estos individuos fueron expulsados definitivamente del sistema tras recibir sentencias condenatorias del Poder Judicial. Paralelamente, 810 docentes y personal administrativo, actualmente bajo proceso judicial, fueron suspendidos preventivamente para garantizar la protección de la comunidad estudiantil. Esta acción busca evitar cualquier riesgo potencial mientras se esclarecen las acusaciones y se dictaminan las responsabilidades correspondientes.
La tipificación de los delitos revela una alarmante prevalencia de casos relacionados con la libertad sexual, involucrando a 815 personas (703 docentes y 112 administrativos). Además, se identificaron 75 individuos relacionados con terrorismo o apología del terrorismo, 22 por tráfico ilícito de drogas, 20 por homicidio doloso, y 11 por proposiciones sexuales a menores a través de medios tecnológicos. Estos datos resaltan la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las instituciones educativas.
Resulta particularmente preocupante la identificación de dos docentes procesados por feminicidio y un trabajador administrativo condenado por parricidio. Estos casos extremos evidencian la necesidad de rigurosos procesos de selección y evaluación del personal educativo, así como la implementación de programas de prevención y sensibilización sobre violencia de género.
El ministro de Educación, Morgan Quero, subrayó el compromiso del sector con la creación de entornos escolares seguros. Afirmó que se están implementando medidas permanentes para detectar y separar del sistema educativo a cualquier persona que represente una amenaza para los estudiantes. Esta labor se sustenta en la Ley 29988, que faculta al Minedu a tomar acciones extraordinarias para remover a individuos con denuncias o condenas por delitos graves.
Adicionalmente, el Minedu mantiene un registro de 2,086 docentes bloqueados, quienes han sido denunciados por faltas muy graves, incluyendo violación sexual y terrorismo. Estos individuos están impedidos de ser contratados o nombrados en colegios públicos y privados, garantizando así que no puedan acceder nuevamente a puestos de responsabilidad en el ámbito educativo. Estas medidas complementarias buscan consolidar espacios escolares protegidos y libres de toda forma de violencia, reforzando la confianza de los padres y la comunidad en el sistema educativo.
