La sostenibilidad fiscal del país se encuentra bajo la lupa tras las recientes decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. El Consejo Fiscal (CF) ha manifestado su inquietud ante medidas que, según su análisis, ponen en riesgo los objetivos económicos gubernamentales plasmados en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2025-2028. Estas acciones, entre las que se incluyen modificaciones a la regla del déficit fiscal y la aprobación de leyes que impactan los ingresos del Tesoro Público, podrían debilitar significativamente la salud de las finanzas estatales. En un contexto global donde la inflación persiste y el crecimiento económico se modera, la prudencia fiscal se vuelve aún más crucial.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Consejo Fiscal ha emitido una alerta sobre las consecuencias de las políticas económicas recientes.
El anuncio del Ministro de Economía y Finanzas sobre una nueva modificación a la regla del déficit fiscal para este año, con el objetivo de permitir un mayor gasto público mediante un crédito suplementario, ha generado especial preocupación en el CF. Esta decisión se suma a la aprobación por parte del Congreso de dos leyes: una que promueve la descentralización fiscal fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), y otra que extiende el plazo para el arrastre de pérdidas bajo la Ley del Impuesto a la Renta. La acumulación de estas medidas, a juicio del Consejo Fiscal, crea un panorama de incertidumbre y socava la predictibilidad de la política fiscal.
El CF ha sido enfático en señalar que la modificación constante de las reglas fiscales no favorece la confianza en la gestión económica del país. Recuerda que desde 2011 se han realizado múltiples cambios a estas reglas, además de registrarse dos incumplimientos consecutivos de la regla del déficit fiscal en 2023 y 2024. El incumplimiento de 2024, según el CF, es particularmente alarmante, ya que ocurrió en el mismo año en que se modificó la regla, y además se vulneró la regla de crecimiento del gasto público por primera vez desde la crisis financiera de 2009. En el periodo 2003-2024, los gobiernos locales dependieron en un 75% de las transferencias intergubernamentales.
La evaluación del Consejo Fiscal sugiere que la gestión de la política fiscal en los últimos años no ha priorizado el cumplimiento de las reglas establecidas, ni ha mantenido una línea de conducta prudente en el manejo de las finanzas públicas. Esta situación, según el CF, debilita la credibilidad en una política fiscal responsable, pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica del país durante décadas. El incremento del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que financia el Foncomun, se espera que aumente gradualmente del 2% al 4% entre 2026 y 2029.
El Consejo Fiscal subraya que no existen justificaciones macroeconómicas o fiscales válidas para alterar las reglas fiscales vigentes. Insiste en que el desafío actual reside en ejecutar el gasto de manera disciplinada, respetando los límites presupuestarios ya establecidos. Tanto las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como las del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sugieren que, en 2025, la brecha del producto estaría prácticamente cerrada si se cumplen las metas fiscales vigentes, lo que refuerza la idea de que no es necesario modificar estas metas para asegurar el crecimiento económico.
El CF estima que las transferencias por concepto de Foncomun podrían incrementarse en aproximadamente S/8,000 millones hacia 2029, lo que representa un 0.7% del PBI de recursos adicionales permanentes para los gobiernos locales. Esta medida, según el CF, generaría importantes desequilibrios presupuestales para las administraciones futuras e implicaría mayores presiones sobre el gasto público a partir de 2026. Para compensar estas mayores transferencias y mantener un impacto neutro sobre el déficit fiscal, se requerirían medidas difíciles de implementar, como la reducción de las transferencias a los gobiernos locales por RROO para gastos corrientes, el aumento de los ingresos fiscales permanentes o la reducción de los gastos del Gobierno Nacional.
Ante este panorama, el Consejo Fiscal insta al Poder Ejecutivo a evaluar rigurosamente la viabilidad de las propuestas legislativas, considerando los análisis técnicos del MEF, y reitera su recomendación de no modificar las reglas fiscales. Asimismo, recuerda que los gobiernos locales se caracterizan por bajos ratios de ejecución presupuestaria, la atomización de los proyectos y el elevado porcentaje de obras paralizadas, por lo que destinar una mayor asignación de recursos financieros sin atender previamente las causas de estas ineficiencias solo agravaría la situación.
