El reciente nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York ha generado un intenso debate político. Esta designación ocurre tras su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), evitando así una posible censura en el Congreso, situación que ha puesto en relieve la estabilidad gubernamental y las dinámicas de poder en el Ejecutivo y el Legislativo.
Según la investigación publicada por El Comercio, la designación de Adrianzén marca una tendencia dentro del gobierno actual, donde exministros son reubicados en otras posiciones de relevancia después de dejar sus cargos originales. Esta práctica plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas públicas y la gestión de talento humano en el aparato estatal.
Adrianzén se convierte en el cuarto ministro del gobierno de Boluarte en ser “reciclado” para ocupar otro puesto dentro de la administración pública. Anteriormente, Juan José Santiváñez, Leslie Urteaga y Julio Demartini, quienes lideraron las carteras de Interior, Cultura, y Desarrollo e Inclusión Social, respectivamente, fueron reasignados a otras funciones tras su paso por el gabinete ministerial. Este patrón suscita preguntas sobre la evaluación de desempeño y los criterios para la selección de funcionarios en roles clave.
La trayectoria de Adrianzén incluye experiencia previa en el ámbito diplomático, habiendo ejercido como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D. C. antes de asumir la PCM. Su breve gestión como primer ministro, que comenzó en marzo de 2024 en reemplazo de Alberto Otárola, estuvo marcada por controversias que finalmente precipitaron su renuncia. Entre los incidentes más destacados se encuentra su manejo inicial de la crisis en Pataz, donde negó reportes de secuestros de trabajadores mineros, situación que posteriormente se confirmó con el hallazgo de los cuerpos de trece empleados de seguridad asesinados.
Además, Adrianzén defendió públicamente el aumento salarial de la presidenta Boluarte, negando que la mandataria hubiera solicitado dicho incremento, versión que fue contradicha por documentos oficiales. También fue un férreo defensor de Boluarte ante las investigaciones por el Caso Rolex y las denuncias por presunto abandono del cargo debido a una intervención quirúrgica. Su postura generó críticas y alimentó la percepción de un intento por proteger a la jefa de Estado de las acusaciones.
Durante su tiempo en la PCM, el Ejecutivo promulgó leyes polémicas como la ampliación del Reinfo y la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Si bien el Congreso revirtió esta última medida, el gobierno tardó en promulgar la norma que restablecía la figura, lo que generó críticas por su impacto en la lucha contra la delincuencia. Adrianzén también enfrentó cuestionamientos por el otorgamiento de un salvoconducto a Nadine Heredia, que le permitió salir del país, y por su respaldo al exministro del Interior Juan José Santiváñez, a pesar de las investigaciones en su contra. En octubre de 2024, afirmó que Boluarte sí estuvo en la urbanización Mikonos y luego se desdijo. Asimismo, cuestionó la prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, por el Caso “Los Waykis en la sombra” y justificó que no se le haya incluido en la lista de los más buscados. Finalmente, promovió el cierre del Proyecto Especial Legado, alegando duplicidad de funciones con el Instituto Peruano de Deporte (IPD). Todos estos hechos marcaron su gestión y contribuyeron a su salida del cargo.
