Organizaciones de prensa en el Perú han advertido sobre los peligros que representa la reciente promulgación de la Ley 32351, norma que modifica la Ley 30364 e impone a los medios de comunicación la obligación de ceder gratuitamente el 10% de su programación a campañas del Estado bajo la figura de una “franja educativa” orientada a prevenir la violencia contra la mujer y el grupo familiar.
Según denunció la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, esta disposición beneficia directamente a al menos nueve ministerios, entre ellos los de la Mujer, Salud, Educación, Justicia, Cultura, y el Interior. “Esos actores accederían a más de dos páginas gratuitas en un diario de 24 páginas, por ejemplo, sin control editorial y sin lineamientos claros sobre el contenido”, alertó Lainez. A su juicio, esto vulnera principios fundamentales como la independencia editorial y la libertad de prensa.
Medios Perú, que agrupa a radiodifusoras y canales de televisión a nivel nacional, también se pronunció en contra. La organización considera que la ley impone arbitrariamente una injerencia estatal en la programación y amenaza la autonomía informativa protegida por la Constitución. “Este tipo de medidas distorsiona el principio de colaboración voluntaria entre el Estado y los medios, principio claramente establecido en el marco democrático”, señalaron en su comunicado.
Zuliana Lainez recordó, además, que esta no es la primera vez que se intenta imponer una franja obligatoria. Hace unos meses, el Ejecutivo buscó forzar contenidos relacionados con la lucha contra la criminalidad. Aunque en aquella ocasión la presión pública logró detener la medida, ahora la norma fue aprobada sin consultar a las asociaciones periodísticas y publicada el 28 de mayo en El Peruano.
El Ejecutivo, por su parte, negó tener intenciones de restringir la libertad de prensa. En un pronunciamiento oficial, aseguró que presentó observaciones al Congreso advirtiendo los riesgos de la norma. No obstante, evitó mencionar que su promulgación favorece a nueve entidades estatales, ni reconoció la falta de diálogo con la prensa.
