La controversia en torno a la legislación mediática ha escalado tras el rechazo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) a la reciente ley aprobada por el Congreso que obliga a los medios a destinar un 10% de su programación a campañas de sensibilización contra la violencia hacia la mujer. Esta medida, que busca concientizar a la población sobre una problemática social urgente, ha generado un debate sobre los límites de la intervención estatal en la autonomía editorial. En Perú, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los casos de violencia contra la mujer han aumentado en un 15% en el último año, subrayando la necesidad de acciones concretas para erradicar este flagelo.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, la SNRTV ha emitido un comunicado expresando su firme oposición a la ley, argumentando que esta vulnera principios constitucionales esenciales relacionados con la libertad de expresión y la independencia editorial que amparan a los medios privados.
En su declaración, el gremio mediático enfatiza que la imposición de ceder una porción significativa del tiempo de emisión al Estado, aunque motivada por una causa noble, constituye una forma de intromisión directa en la línea editorial de cada medio. La SNRTV defiende el derecho legítimo de los medios de comunicación privados a determinar de manera autónoma sus contenidos, sin injerencias externas que puedan comprometer su pluralidad y objetividad.
La SNRTV advierte que esta obligatoriedad representa un peligro para los pilares democráticos, especialmente en el contexto del actual proceso electoral. Consideran que la norma podría ser utilizada como una herramienta de presión o control sobre los medios, afectando su capacidad de informar de manera veraz e imparcial sobre los candidatos y sus propuestas. Cabe recordar que la libertad de prensa es un derecho fundamental reconocido por la Constitución peruana y tratados internacionales.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión insta al Congreso a reconsiderar la medida y aboga por la derogación de la ley. En su lugar, proponen que se enfoquen los esfuerzos legislativos en la creación de políticas públicas integrales y efectivas que realmente beneficien a la población, en lugar de implementar medidas que, a su juicio, perjudican y debilitan a los medios, los derechos fundamentales y la propia democracia. El presupuesto estatal destinado a la prevención de la violencia contra la mujer, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, ha sufrido recortes en los últimos años, lo que dificulta la implementación de programas de sensibilización.
La SNRTV concluye su pronunciamiento reafirmando que los medios de comunicación libres e independientes son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia. Expresan su preocupación de que regulaciones de esta naturaleza puedan erosionar este principio fundamental, limitando la capacidad de los medios para cumplir su rol de fiscalización y vigilancia del poder.
