El exdecano del Colegio de Abogados de Huánuco, Rodolfo Espinoza, advirtió sobre posibles responsabilidades legales y administrativas en torno al hospital de Cachicoto, una infraestructura ubicada en una zona de aguajal, considerada inadecuada para edificaciones de esta naturaleza.
Durante una entrevista radial, Espinoza calificó de “inexplicable” que se haya ejecutado una obra en un área históricamente usada para el cultivo de arroz, lo que evidencia la presencia de un ecosistema húmedo y filtrante. Según explicó, no se trata de una imposibilidad técnica, sino de una omisión crítica en las soluciones de ingeniería. “En Japón construyen sobre zonas de inundación, pero utilizan estructuras herméticas. Aquí, incluso con un presupuesto adicional, no se corrigió el problema de base”, subrayó.
Incremento presupuestal sin sustento técnico
Espinoza detalló que el proyecto, inicialmente valorizado en ocho millones de soles, habría terminado costando entre doce y catorce millones, sin que ese aumento haya servido para evitar que el hospital se inunde. “¿Qué sentido tuvo el incremento si no se resolvió el tema del terreno?”, cuestionó. Para el abogado, lo más grave es que, pese a los vicios técnicos, la obra fue recepcionada oficialmente. “Una obra que se inunda no puede ser legalmente recepcionada, por más acta que haya. Hay actos administrativos que son nulos de pleno derecho”, sostuvo.
Contraloría y fiscalía deberían intervenir
En cuanto a los caminos legales para corregir la situación, Espinoza sostuvo que la Contraloría General de la República debe intervenir de inmediato. Además, sugirió que la Fiscalía podría tener un papel clave si se configura un posible delito contra la administración pública. Recordó que los titulares de pliego, es decir, los responsables institucionales a lo largo de los años, tienen obligaciones de control que no pueden eludirse.
“No basta con decir que la obra ya fue entregada; si fue entregada en condiciones deficientes, quienes recepcionaron también deben responder”, agregó.
Pese al mal precedente, Espinoza afirmó que recuperar la infraestructura aún es legalmente posible. Señaló que podría impulsarse un proyecto complementario que incorpore obras de ingeniería como bases de concreto con aditivos impermeables, similares a las utilizadas en piscinas. “Ya se hizo la inversión, no se puede tirar al tacho. Tiene que haber una salida funcional”, afirmó.
Dato:
Finalmente, al ser consultado sobre el rol de otras entidades, insistió en que las investigaciones deben avanzar no solo en el plano administrativo, sino también penal si corresponde. Aunque admitió que no tiene conocimiento directo de denuncias judiciales en curso, enfatizó la necesidad de una respuesta firme por parte del Estado.
