La lucha contra el crimen organizado en México ha tomado un nuevo rumbo con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, quien asumió el cargo en octubre con la promesa de desmantelar los cárteles que operan en el país. Sheinbaum llega con un historial que la respalda, pues durante su gestión como alcaldesa de la Ciudad de México implementó estrategias basadas en el análisis de datos y la mejora de la vigilancia policial, logrando contener la violencia en la capital. Ahora, busca replicar este modelo a nivel nacional, en un contexto donde la violencia criminal ha generado un profundo hartazgo entre la población mexicana.
Según la investigación publicada por The Economist, la ofensiva de Sheinbaum contra las organizaciones criminales tiene un doble destinatario. Por un lado, la ciudadanía mexicana, cansada de la inseguridad, pero por otro, figuras clave en Estados Unidos, incluyendo al expresidente Donald Trump y a los republicanos asociados al movimiento MAGA, quienes ven a México como la raíz de muchos de los problemas que aquejan a su país.
La administración de Sheinbaum se enfrenta al reto de demostrar a Washington que se está tomando en serio la lucha contra el crimen organizado. En el pasado, funcionarios estadounidenses han considerado opciones extremas, como ataques con drones a laboratorios de drogas en territorio mexicano y operativos transfronterizos ejecutados por fuerzas especiales sin la autorización de México, medidas que socavarían gravemente la posición de Sheinbaum a nivel nacional. La presión ejercida por Trump, aunque sin llegar a la acción militar directa, ha sido constante. En febrero, su gobierno designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, justificando esta decisión en la necesidad de frenar la migración y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, además de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
Recientemente, ha surgido información sobre posibles acuerdos entre el gobierno de Trump y miembros del Cártel de Sinaloa, sin el conocimiento de las autoridades mexicanas. Este tipo de acciones, sumadas a la revocación de visas a funcionarios mexicanos, incluyendo a la gobernadora de Baja California, generan inquietud en México, ante la sospecha de colusión entre funcionarios y criminales. Si bien las autoridades estadounidenses no han ofrecido explicaciones oficiales, estos hechos han provocado una fuerte sacudida en las esferas políticas mexicanas.
Un punto clave en la estrategia de Sheinbaum ha sido el abandono de la política de “abrazos, no balazos” implementada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Dicha estrategia se basaba en la premisa de que la pobreza era la causa principal de la delincuencia, y que los programas sociales gubernamentales eran la mejor forma de combatirla. En la práctica, esta política permitió que los grupos criminales operaran con mayor libertad. En contraste, Sheinbaum ha apostado por la inteligencia y la coordinación entre las fuerzas de seguridad, buscando revertir la militarización de la policía impulsada por López Obrador, criticada por su brutalidad y falta de eficacia en la investigación criminal.
El gobierno de Sheinbaum informa sobre la realización de más de 20,000 detenciones por delitos graves desde octubre, la incautación de 154 toneladas de drogas y la confiscación de más de 10,000 armas de fuego, cifras que superan las del gobierno anterior. También se ha incrementado la recuperación de combustible robado, un mercado negro que genera cientos de millones de dólares. La coordinación con Estados Unidos también ha mejorado, con reuniones más frecuentes entre patrullas fronterizas y un mayor intercambio de información. Según datos oficiales, ha disminuido el número de migrantes detenidos al cruzar la frontera y la cantidad de fentanilo decomisado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Sin embargo, es prematuro evaluar el impacto de las políticas de Sheinbaum en las estadísticas de delincuencia. Aunque la tasa de homicidios ha descendido desde 2018, el aumento de las desapariciones sugiere que parte de esta disminución podría ser ilusoria. En otros delitos, como la extorsión y el robo, se ha registrado un aumento. Además, el asesinato de dos funcionarios gubernamentales en la Ciudad de México en mayo, un hecho inusual, pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la administración de Sheinbaum. A pesar de la disminución en el decomiso de fentanilo, el decomiso general de drogas se duplicó entre febrero y abril, lo que indica que los cárteles podrían estar diversificando sus actividades.
Combatir el crimen organizado implica abordar problemas estructurales profundos, como la corrupción y la infiltración de los cárteles en la economía legal. La presión de Washington se intensifica, y las voces que piden una intervención militar se hacen más fuertes, a pesar de los riesgos y la inviabilidad de esta opción. La estrategia de Sheinbaum podría mejorarse, por ejemplo, enfocándose en desmantelar las redes financieras de los cárteles. La falta de recursos económicos también representa un desafío, ya que México tiene uno de los gastos en seguridad más bajos en relación con el PBI entre los países de la OCDE, y Sheinbaum ha reducido aún más este presupuesto. En este contexto, mantener a raya a Trump y erradicar a los cárteles de México se presenta como una tarea compleja y desafiante.
