La seguridad penitenciaria en el Perú se enfrenta a un punto de inflexión con la reciente propuesta del Ministerio de Justicia. El ministro Juan Enrique Alcántara ha anunciado la preparación de los términos de referencia para un nuevo modelo de control de ingresos en determinados centros penitenciarios del país. Esta iniciativa, que comenzará como un programa piloto, busca involucrar al sector privado en la gestión y el fortalecimiento de la seguridad dentro de las cárceles.
Según la investigación publicada por Gestión, este plan forma parte de una estrategia más amplia que contempla una inversión de S/ 1,600 millones destinada a la colaboración con empresas privadas para mejorar la infraestructura, la seguridad y la tecnología en el sistema penitenciario.
El eje central de la propuesta radica en la delegación a empresas privadas del control de acceso a los penales. Esto implica la supervisión del ingreso de personas, la gestión de la paquetería y el control de la mercadería que entra a las prisiones. El ministro Alcántara ha expresado su confianza en que el sector privado pueda asumir esta responsabilidad, aportando inversión y experiencia en materia de seguridad.
La implementación de este modelo se realizará de forma gradual, comenzando con una prueba piloto en algunos centros penitenciarios seleccionados. Este enfoque permitirá evaluar la eficacia del sistema y realizar ajustes necesarios antes de una posible expansión a otros penales. Un aspecto fundamental de este plan es la estipulación de penalidades para las empresas privadas en caso de incumplimiento de las funciones encomendadas. Esta medida busca asegurar la rendición de cuentas y garantizar la calidad del servicio prestado.
La situación actual del sistema penitenciario peruano presenta desafíos significativos, como el hacinamiento, la falta de recursos y la presencia de organizaciones criminales dentro de las cárceles. La propuesta del Ministerio de Justicia se presenta como una alternativa para hacer frente a estos problemas, buscando optimizar la gestión de la seguridad y mejorar las condiciones de vida de los internos. Sin embargo, la iniciativa también plantea interrogantes sobre la transparencia, la protección de datos y el posible impacto en los derechos humanos de los reclusos.
Es importante recordar que el sistema penitenciario peruano alberga a más de 85,000 internos, distribuidos en 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional (dato de INPE, 2023). La sobrepoblación carcelaria, que supera el 120% de la capacidad instalada, agrava las condiciones de seguridad y dificulta la reinserción social de los reclusos. Por ello, la implementación de este plan piloto deberá ser monitoreada de cerca por la sociedad civil y las instituciones competentes, garantizando que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que se proteja la integridad de los internos.
