El caso de Kseniia Petrova, científica rusa vinculada a la Universidad de Harvard, ha escalado tras la decisión de una jueza federal de Vermont de considerar su liberación bajo fianza. La controversia se centra en la anulación de su visa y los subsecuentes procedimientos de deportación iniciados luego de que Petrova no declarara muestras científicas que transportaba desde Francia.
Según la investigación publicada por The New York Times, la jueza Christina Reiss, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Vermont, expresó durante una audiencia judicial que no parecía existir una base fáctica o legal sólida para la revocación de la visa de Petrova el 16 de febrero, desencadenada por un oficial de inmigración.
El incidente inicial ocurrió cuando Petrova, al regresar a Boston después de unas vacaciones en Francia, accedió a transportar muestras de embriones de rana desde un laboratorio afiliado, a petición de su supervisor en la Escuela de Medicina de Harvard. Durante una inspección en el aeropuerto Logan, las autoridades de aduanas descubrieron las muestras, lo que llevó a la cancelación inmediata de su visa y al inicio de los trámites de deportación. Petrova fue trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, donde permaneció durante más de tres meses. Es fundamental recordar que en 2023, las autoridades migratorias estadounidenses llevaron a cabo miles de deportaciones, muchas de ellas resultantes de infracciones menores.
La jueza Reiss argumentó que las pruebas presentadas sugieren que las muestras transportadas por Petrova eran “totalmente inocuas, no tóxicas, no vivas y no representaban una amenaza para nadie”. Además, señaló que “la vida y el bienestar de la Sra. Petrova corren peligro si es deportada a Rusia”, tal como el gobierno ha manifestado su intención de hacer. Este caso se distingue de otros casos de deportación de académicos por comenzar con una presunta infracción aduanera.
La situación se complicó aún más cuando el Departamento de Justicia presentó cargos de contrabando contra Petrova, basándose en su omisión de declarar las muestras científicas. Esto llevó a su arresto y traslado a la custodia del Servicio de Marshals de EE.UU. en Luisiana. El futuro de Petrova sigue siendo incierto, ya que, aunque obtenga la libertad bajo fianza en el caso penal, el gobierno podría solicitar a ICE que la detenga nuevamente, manteniendo la amenaza de deportación.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Petrova fue “detenida legalmente después de mentir a los funcionarios federales sobre el transporte de sustancias al país”. A su vez, la fiscal federal del Distrito de Massachusetts, Leah B. Foley, subrayó que la formación académica de Petrova no la exime del cumplimiento de la ley. En la audiencia de fianza, Michael West, un biólogo molecular, testificó que las muestras eran huevos de rana fertilizados fijados en formaldehído, haciéndolos “no peligrosos, no tóxicos y no vivos”, comparándolos con cuero de zapatos o papel.
En su defensa, el abogado de Petrova argumentó que la falta de declaración de las muestras se consideraría normalmente una infracción menor sancionable con una multa. La jueza Reiss enfatizó la importancia de abordar las posibles violaciones de los derechos constitucionales de Petrova y la actuación impropia del oficial de aduanas, argumentando que este caso podría sentar un precedente para futuras situaciones similares. La posibilidad de que el gobierno la vuelva a detener, incluso después de obtener la libertad bajo fianza, genera serias preocupaciones sobre el debido proceso legal.
