El sistema judicial francés se enfrenta a un escrutinio severo tras dictar una sentencia de 20 años, la máxima permitida, contra Joël Le Scouarnec, un ex cirujano hallado culpable de abusar sexualmente de 299 personas, mayoritariamente menores de edad. Este caso, considerado el mayor escándalo de pedofilia en la historia del país, ha reabierto el debate sobre la protección infantil y la rendición de cuentas en el ámbito sanitario. La sentencia incluye la prohibición perpetua de ejercer la medicina y de tener contacto con menores, además de la obligación de cumplir dos tercios de la condena antes de optar a la libertad condicional.
Según la investigación publicada por The New York Times, la jueza Aude Buresi describió los actos de Le Scouarnec como “depredación sobre las víctimas más vulnerables, cuando estaban enfermas en el hospital”, durante la lectura de la sentencia en el tribunal de Vannes, Bretaña, donde ocurrió la mayor parte de los abusos. Este juicio ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema administrativo y legal francés, que ignoró señales de alerta previas, como una condena por posesión de pornografía infantil en 2005, que resultó en una sentencia suspendida de cuatro meses.
A pesar de esta condena inicial, Le Scouarnec continuó trabajando con niños sin supervisión hasta su arresto en 2017. Tres años más tarde, fue sentenciado a 15 años de prisión por violación y agresión sexual a cuatro menores, pena que ahora queda subsumida por la nueva condena, dado que el sistema legal francés no permite la acumulación de penas de prisión. Este nuevo juicio se produce en un contexto de creciente concienciación sobre el abuso sexual en Francia, con un aumento significativo en el número de denuncias y la proliferación de movimientos #MeToo.
Sin embargo, muchas de las víctimas sienten que el juicio de Le Scouarnec no ha generado la indignación pública y la respuesta política esperadas. Tras el veredicto, algunos de los presentes fuera del juzgado expresaron su decepción, esperando una sentencia ejemplar que sentara un precedente legal dada la magnitud de los crímenes. Gabriel Trouvé, una de las víctimas que accedió a ser identificada, cuestionó el mensaje que se envía al imponer la misma pena máxima por abusar de una persona que por abusar de 300.
Le Scouarnec, ahora de 74 años, cometió los abusos entre 1989 y 2014 mientras trabajaba como cirujano gástrico en nueve clínicas y hospitales en el oeste y centro de Francia. La edad promedio de las víctimas era de 11 años. Muchos de ellos estaban sedados o recuperándose de operaciones durante los abusos, lo que les impidió tener recuerdos claros de lo sucedido. Los crímenes salieron a la luz tras una denuncia por exhibicionismo a una niña vecina, lo que llevó a la policía a encontrar en su domicilio material de abuso infantil y diarios detallando sus agresiones.
Durante el juicio, Le Scouarnec inicialmente negó algunos de los cargos, argumentando que algunas de sus anotaciones eran fantasías o que ciertos actos formaban parte de procedimientos médicos. Sin embargo, un mes después, sorprendió a la corte al admitir todos los abusos descritos en sus diarios, e incluso más. Este giro inesperado llevó el juicio a centrarse en las víctimas, muchas de las cuales desconocían haber sido abusadas. Las víctimas relataron el impacto devastador de las revelaciones, incluyendo problemas de confianza, depresión, suicidio y la dificultad para mantener relaciones.
El caso también ha puesto de relieve el impacto en las familias de las víctimas, especialmente en los padres, que a menudo se sienten culpables por no haber protegido a sus hijos o por haber ignorado las señales de advertencia. A pesar de la sentencia, muchas víctimas expresaron su escepticismo sobre el arrepentimiento de Le Scouarnec, señalando su actitud impasible y su incapacidad para recordar a sus víctimas. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de protección infantil y de garantizar la rendición de cuentas en el sistema sanitario.
