La tensión política en Perú se intensifica tras la solicitud del Ministerio Público al Congreso para reconsiderar el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el controvertido Caso Rolex. Esta controversia se suma a un clima político ya polarizado, marcado por recientes debates sobre reformas constitucionales y la creciente desaprobación ciudadana hacia el Poder Legislativo y el Ejecutivo, según recientes encuestas. La decisión inicial del Congreso, tomada el pasado 23 de mayo, generó un fuerte rechazo por parte de la fiscalía, que ahora busca revertir lo que considera un procedimiento viciado.
Según la investigación publicada por El Comercio, la fiscalía ha solicitado formalmente al Poder Legislativo que se replantee el archivo definitivo de la denuncia constitucional interpuesta contra la presidenta Dina Boluarte, enfocándose en presuntas irregularidades en el Caso Rolex.
El meollo del asunto radica en la denuncia presentada por la fiscalía en mayo de 2024, acusando a la mandataria del delito de cohecho pasivo impropio. Se argumenta que Boluarte recibió relojes de alta gama y otras joyas por parte de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso desestimó esta denuncia, amparándose en el artículo 117 de la Constitución, que limita las acusaciones contra el presidente durante su mandato a casos específicos como traición a la patria o impedimento de elecciones.
La fiscalía alega que el proceso parlamentario adoleció de “graves vicios procesales” y, por ende, exige la nulidad de todo lo actuado, requiriendo la suspensión del proceso hasta que cese la inmunidad presidencial. Este argumento central se basa en la premisa de que el Congreso incurrió en una contradicción al admitir, calificar e investigar la denuncia para luego invocar el artículo 117 como justificación para el archivo. La fiscalía insiste en que, de considerarse el artículo 117 un impedimento, el trámite debió suspenderse desde el inicio, evitando un doble estándar.
El Ministerio Público también señala una vulneración al debido procedimiento parlamentario, argumentando falta de coherencia y predictibilidad en las actuaciones, así como una violación al principio de igualdad ante la ley. Según la fiscalía, la decisión de archivar la denuncia carece de una debida motivación, centrándose exclusivamente en una interpretación restrictiva del artículo 117, sin abordar el fondo del caso ni el interés público involucrado. Se subraya que esta situación impone una carga procesal innecesaria e injustificada al Ministerio Público, especialmente considerando que el reglamento parlamentario impide la reapertura de una denuncia archivada en el mismo periodo anual de sesiones, a menos que se presenten nuevas pruebas.
Expertos en derecho parlamentario como José Cevasco, Natale Amprimo y Alejandro Rospigliosi, consultados por el medio, coinciden en que la decisión del Congreso difícilmente se revertirá, basándose en la práctica parlamentaria establecida. Cevasco explica que, una vez aprobada la dispensa del acta de la sesión, no existe la posibilidad de reconsiderar la votación. Amprimo enfatiza que las reconsideraciones son a petición de los parlamentarios, no de terceros. Rospigliosi sugiere que el Ministerio Público presente una denuncia una vez concluido el mandato de Boluarte y se instale un nuevo Parlamento.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, ha descartado la reconsideración de la decisión, argumentando la falta de sustento constitucional para reabrir el Caso Rolex. Voceros de otras bancadas, como Jorge Montoya, han calificado la acción de la fiscalía como una “persecución política”. En contraste, Flavio Cruz, de Perú Libre, se mostró favorable a atender el pedido del Ministerio Público. El ministro de Salud, César Vásquez, también cuestionó la solicitud de la fiscalía, considerándola un factor de inestabilidad para el gobierno de Boluarte. La controversia continúa generando debate y polarización en el ámbito político peruano.
