La minería en Ecuador se encuentra bajo la lupa tras la suspensión de actividades en cuatro concesiones operadas por la empresa china Terraearth Resources S.A. Esta medida, tomada por el gobierno ecuatoriano, pone de relieve la tensión entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente en la región amazónica, una zona de alta biodiversidad y hogar de comunidades indígenas.
Según la investigación publicada por Gestión, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ha ordenado la paralización inmediata de las actividades de exploración y explotación en las concesiones mineras Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, todas parte del proyecto minero Tena, ubicado en la provincia de Napo.
La decisión gubernamental se fundamenta en los informes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que revelaron graves incumplimientos de la normativa ambiental vigente por parte de Terraearth Resources. Entre las irregularidades detectadas, se encuentra el incumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado, así como la transgresión de las obligaciones estipuladas en la licencia ambiental otorgada a la compañía.
La suspensión de las actividades mineras se mantendrá vigente hasta que el MAATE revoque la suspensión de la Licencia Ambiental, lo que exige a la empresa china tomar medidas correctivas sustanciales para reparar los daños ambientales ocasionados. Se espera que Terraearth Resources presente un plan de remediación detallado y demuestre su capacidad para cumplir con los estándares ambientales exigidos por la legislación ecuatoriana.
El Ministerio de Energía y Minas ha notificado formalmente a la empresa china sobre la suspensión de las actividades y las medidas correctivas impuestas. Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la minería ilegal en provincias como Orellana y Napo, donde recientemente once militares fueron asesinados durante un operativo contra esta actividad ilícita.
El gobierno ecuatoriano insiste en que mantiene un seguimiento constante de las actividades mineras para asegurar que se cumpla la legislación vigente y que se avance hacia un sector ambientalmente sostenible y respetuoso con las comunidades locales. Esta declaración se da en un momento crítico, donde la presión por recursos naturales se contrapone a la necesidad de proteger el ecosistema amazónico y los derechos de sus habitantes.
En un intento por desvincularse de los hechos violentos, un comunicado atribuido al grupo disidente de las FARC, Comando de la Frontera, niega su participación en la emboscada a los militares. No obstante, las autoridades ecuatorianas mantienen su línea de investigación, lo que añade complejidad a la situación en la zona, donde la seguridad y el control territorial son desafíos constantes.
