La inminente llegada de las elecciones generales de 2026 plantea serias interrogantes sobre la integridad del proceso democrático en Perú. La confianza ciudadana, pilar fundamental para legitimar cualquier resultado electoral, se ve amenazada por factores externos que socavan la estabilidad social y política. La violencia, el narcotráfico y, particularmente, la minería ilegal emergen como obstáculos significativos que, según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exigen una respuesta contundente por parte de las instituciones del Estado.
Según la investigación publicada por El Comercio, la problemática de la infiltración de intereses ilegales en la política peruana es más profunda de lo que se pensaba. La situación demanda una atención inmediata y medidas preventivas efectivas para garantizar la transparencia y la equidad en el próximo proceso electoral.
En el marco de la conmemoración del 94 aniversario del JNE, Burneo expresó su preocupación por la creciente influencia de la criminalidad organizada en el ámbito político. Alertó sobre cómo estos elementos desestabilizadores no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también ponen en riesgo la libre participación ciudadana en los comicios. Su llamado a la unidad y al esfuerzo conjunto resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión electoral.
La penetración de la minería ilegal en los partidos políticos es un claro ejemplo de esta amenaza. Un informe periodístico reveló la afiliación de dirigentes mineros informales, pertenecientes a gremios influyentes del sector, a partidos con representación parlamentaria como Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Esta situación plantea serias dudas sobre la independencia de estas organizaciones políticas y su capacidad para representar los intereses de la ciudadanía.
Ante esta realidad, el JNE ha intensificado sus esfuerzos para fiscalizar y auditar los procesos electorales. Burneo destacó la importancia de la auditoría del voto digital y la implementación de la fiscalización posterior de las inscripciones de organizaciones políticas, con el objetivo de verificar la autenticidad de la información presentada. Estas medidas buscan evitar la infiltración de personas con antecedentes o intereses cuestionables en la política.
El JNE, a través de su Procuraduría, ha presentado alrededor de 300 denuncias relacionadas con afiliaciones indebidas, evidenciando la magnitud del problema. Más de la mitad de estas denuncias fueron presentadas durante la gestión actual, gracias a los informes técnicos proporcionados por el Reniec. Esto demuestra el compromiso del organismo electoral en combatir las irregularidades y garantizar la transparencia en los procesos de inscripción y afiliación política.
Otro aspecto relevante abordado por Burneo fue la fiscalización de la publicidad estatal en época electoral. A la fecha, se han tramitado cientos de expedientes relacionados con elecciones generales, consultas populares y elecciones municipales complementarias. Esta tarea busca asegurar que los recursos públicos no sean utilizados para favorecer a candidatos o partidos políticos, manteniendo así la equidad en la contienda electoral.
Finalmente, Burneo informó sobre la fiscalización de 702 comités provinciales, pertenecientes a 33 organizaciones políticas. Estos esfuerzos demuestran el compromiso del JNE en garantizar la transparencia y la legalidad en todos los niveles del proceso electoral. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, lo que subraya la importancia que el gobierno otorga a la integridad del sistema electoral peruano.
