El sector de los vehículos eléctricos (VE) se enfrenta a un posible punto de inflexión en Estados Unidos. Un proyecto de ley fiscal y política, aprobado por la Cámara de Representantes, busca revocar gran parte de los incentivos y subsidios que han impulsado el crecimiento de esta tecnología en el país. Esta medida, de ser ratificada por el Senado y promulgada por el Presidente Trump, podría frenar significativamente la adopción de VE y afectar los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.
Según la investigación publicada por The New York Times, la legislación propuesta eliminaría subsidios cruciales para la fabricación de baterías, los incentivos para la compra de vehículos eléctricos tanto para individuos como para empresas, y los fondos destinados a la instalación de estaciones de carga, aprobados durante la administración Biden. Además, se impondría una nueva tasa anual a los propietarios de coches y camionetas eléctricas.
Los líderes republicanos argumentan que los subsidios en cuestión fueron mal concebidos y benefician principalmente a compradores de automóviles de altos ingresos. Su objetivo es redirigir los fondos ahorrados a través de la eliminación de estos incentivos hacia la reducción de impuestos, favoreciendo principalmente a los hogares y empresas con mayores ingresos. Este cambio de política se produce en un contexto donde la competencia global en el sector de los VE se intensifica, con China y Europa liderando en ventas y desarrollo tecnológico.
Analistas del sector coinciden en que, si bien los vehículos eléctricos no desaparecerán de los concesionarios si la ley se aprueba, es probable que su precio aumente considerablemente. Esto podría llevar a algunos fabricantes de automóviles a reconsiderar o posponer sus planes de inversión en nuevas fábricas de vehículos y baterías en suelo estadounidense. La eliminación del crédito fiscal de $7,500 para la adquisición de VE, que expiraría a finales de año para la mayoría de los modelos, elevaría sustancialmente el costo final para los consumidores, sumándose a las tarifas de importación del 25% impuestas por la administración Trump.
Además, la legislación contempla un impuesto anual de $250 para los dueños de vehículos eléctricos, con el fin de compensar la pérdida de ingresos por los impuestos a la gasolina. Sin embargo, esta tarifa supera en más del doble el promedio anual de impuestos sobre el combustible que pagan los propietarios de vehículos convencionales. Esto podría desincentivar aún más la transición hacia la movilidad eléctrica, especialmente entre los consumidores sensibles al precio.
Organizaciones ambientalistas advierten que la implementación de esta legislación podría resultar en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y un deterioro de la calidad del aire en las zonas urbanas. Esto dificultaría alcanzar los objetivos de eficiencia energética y salud pública, alejando a Estados Unidos de los avances logrados por otros países en la adopción de tecnologías más limpias. La derogación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) podría acarrear la pérdida de 130,000 empleos en industrias clave como la fabricación de vehículos eléctricos, baterías y equipos de carga, afectando principalmente a estados como Michigan, Texas y Tennessee.
