A pocas semanas de concluir la legislatura, la discusión sobre la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (ley MAPE) sigue sin avances concretos, pese a que más del 75% de operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se encuentran suspendidos. De 82.166 inscritos a nivel nacional, solo 20.684 continúan vigentes.
Expertos como José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, advierten que el problema va más allá de cifras. Uno de los principales obstáculos estructurales es el acaparamiento de concesiones por parte de grandes empresas mineras. “Zonas con alto potencial geológico están adjudicadas a operadores que no las trabajan directamente, mientras pequeños mineros no tienen dónde ejercer su actividad”, señala.
Desde la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), su presidente Máximo Franco Bequer insiste en que el gran cuello de botella es el contrato de explotación, requisito clave para la formalización. “Proponemos incluir el derecho de servidumbre en la ley MAPE. El oro es un recurso del Estado y debe ser accesible”, sostiene.
Además, cerca de 25.000 mineros laboran en concesiones extinguidas, lo que impide cualquier procedimiento legal. La propuesta de ley también plantea una ruta de comercialización de oro, inclusión financiera a través del Banco de la Nación, y el reconocimiento de mujeres en labores de selección manual.
Territorios sin orden y minería que avanza
William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, advierte que la falta de ordenamiento territorial permite que concesiones se superpongan en ecosistemas frágiles, como en la Amazonía, donde se han entregado más de 500 concesiones desde 2020. “La expansión desordenada favorece tanto a la gran minería como a operadores ilegales”, sostiene.
A la par, comunidades como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún denuncian la operación de al menos 40 dragas ilegales en ríos amazónicos.
El dictamen de la ley MAPE aún no ha sido debatido formalmente. La Comisión de Energía y Minas postergó su discusión, mientras que gremios y especialistas coinciden en la urgencia de reformar la política de concesiones, mejorar la trazabilidad del oro y aplicar controles ambientales efectivos.
