La **justicia juvenil** en el Perú se encuentra en un punto de inflexión tras la promulgación de la Ley N.º 32330, que permite la imputación penal a adolescentes de 16 y 17 años. Esta legislación ha generado controversia y fuertes reacciones dentro del sistema judicial, poniendo en tela de juicio su compatibilidad con los derechos fundamentales de los menores.
Según la investigación publicada por Gestión, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha manifestado su preocupación y ha anunciado que su institución evalúa la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley. Esta acción se suma a la ya interpuesta por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, evidenciando una creciente oposición a la norma.
Tello Gilardi, tras reunirse con Laura Salamanca Díaz, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el Perú, reiteró su postura crítica. Subrayó que la ley contradice la doctrina de protección integral de los adolescentes, así como su interés superior, principios consagrados en la Constitución, el Código del Niño y el Adolescente, y la Convención sobre los Derechos del Niño. La magistrada argumenta que la imposición de penas más severas a los adolescentes no garantiza una mayor seguridad ciudadana y podría, por el contrario, ser contraproducente.
La presidenta del Poder Judicial destacó que el sistema penal juvenil peruano ha mostrado resultados positivos, con un bajo nivel de reincidencia entre los adolescentes en conflicto con la ley penal. De hecho, según datos oficiales, solo el 2% de los adolescentes están vinculados a hechos delictivos. Este argumento refuerza la idea de que el enfoque debe estar en la rehabilitación y reinserción social, en lugar de la penalización.
Un aspecto crucial que ha sido puesto en relieve es la falta de condiciones adecuadas en los centros penitenciarios para separar a los adolescentes de los adultos. Esta situación, según Tello, plantea serias dudas sobre la viabilidad de la ley, ya que podría exponer a los menores a riesgos y vulnerabilidades adicionales dentro del sistema carcelario. La Convención sobre los Derechos del Niño, exige un trato diferenciado para los menores de edad, priorizando su desarrollo y reintegración a la sociedad.
La representante de Unicef, Laura Salamanca Díaz, expresó su coincidencia con el Poder Judicial, calificando la ley como atentatoria contra la protección integral de los derechos del niño y la Constitución. Además, reveló que la Fiscalía de la Nación también está considerando sumarse a la demanda de inconstitucionalidad, lo que podría fortalecer la posición de quienes se oponen a la norma. Este apoyo interinstitucional subraya la importancia de garantizar que las políticas públicas relacionadas con la justicia juvenil estén alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos.
Como es sabido, diversos expertos en derechos de la infancia y adolescencia han advertido sobre los riesgos de criminalizar a los jóvenes, especialmente aquellos que provienen de entornos vulnerables. La inversión en programas de prevención del delito, educación y apoyo psicosocial, se considera una alternativa más efectiva para abordar las causas subyacentes de la delincuencia juvenil.
