La Ley Seca, una medida implementada durante los procesos electorales en Perú, ha generado un intenso debate sobre su impacto económico, especialmente en el sector de las bodegas. La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) ha levantado su voz, solicitando formalmente al Congreso la derogación de esta normativa que, según argumentan, amenaza la sostenibilidad de sus negocios, particularmente ante el panorama electoral de 2026.
Según la investigación publicada por Gestión, esta restricción, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante 48 horas en cada jornada electoral, podría traducirse en pérdidas significativas para las bodegas, ascendiendo hasta los S/ 320 millones, una cifra alarmante para un sector que depende en gran medida de las ventas de fin de semana.
Milagros Chojeda, vocera de Agremub, subraya la importancia de los fines de semana para la rentabilidad de las bodegas, donde la venta de licores representa un porcentaje sustancial de sus ingresos. La proximidad de cuatro procesos electorales en 2026 – elecciones generales, segunda vuelta presidencial, elecciones regionales y municipales, y una posible segunda vuelta regional – implica un total de ocho días con la venta de alcohol restringida, lo que agudiza la preocupación del gremio.
La solicitud de Agremub se fundamenta en la necesidad de proteger a las bodegas formales del país, negocios que cumplen con las regulaciones y que se ven directamente afectados por la Ley Seca. El gremio también advierte que la prohibición fomenta la venta ilegal y el consumo de bebidas adulteradas, especialmente en áreas donde la oferta de supermercados y tiendas de gran formato es limitada. En este sentido, sugieren que la medida, en lugar de promover la seguridad durante las elecciones, podría estar impulsando un mercado negro de alcohol.
Actualmente, dos propuestas legislativas buscan alternativas a la actual Ley Seca. El congresista Edward Málaga plantea que la aplicación de la prohibición sea opcional y quede a discreción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras que Alejandro Soto propone una reducción del plazo de restricción de 48 a 28 horas. Estas iniciativas legislativas son vistas con optimismo por Agremub, que considera que representan un avance en la búsqueda de soluciones que equilibren la seguridad electoral con la protección de la economía de los pequeños negocios.
Cabe destacar que el debate sobre la Ley Seca no es nuevo. Históricamente, la medida se ha justificado como una forma de prevenir disturbios y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del voto. Sin embargo, sus detractores argumentan que su efectividad es limitada y que genera un impacto económico desproporcionado, especialmente en un sector como el de las bodegas, que juega un rol importante en la economía local y en el abastecimiento de productos básicos a la población.
