La Ley MAPE, que busca regular la pequeña minería y minería artesanal en el Perú, se encuentra en el centro de la polémica tras la inclusión de un informe del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que, según expertos y gremios del sector, desnaturaliza las posturas previamente presentadas. La iniciativa original, enviada al Congreso el año pasado, ahora enfrenta críticas por modificaciones introducidas en este último documento, generando incertidumbre sobre el futuro de la formalización minera en el país. La formalización de la pequeña minería es un tema crucial, considerando que este sector representa una parte significativa de la producción aurífera nacional, pero también presenta desafíos en términos de impacto ambiental y seguridad laboral.
Según la investigación publicada por El Comercio, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, remitió a la Comisión de Energía y Minas el Informe N°0536-2025, elaborado por la Dirección General de Formalización Minera. Este documento «consolida» los aportes de reuniones entre marzo y mayo, donde participaron empresarios, sociedad civil y mineros informales, buscando enriquecer el análisis del Proyecto de Ley N°9555/2024, presentado en noviembre. La comisión, liderada por Paul Gutiérrez, aún no ha iniciado un debate formal, a pesar de la urgencia del tema. La demora en la discusión podría tener implicaciones significativas para miles de mineros artesanales y sus familias, quienes dependen de esta actividad para su sustento.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), a través de su directora ejecutiva, Angela Grossheim, expresó su preocupación en un oficio dirigido al ministro Montero, señalando que sus aportes fueron distorsionados en el informe enviado al Congreso. La SNMPE denuncia que se le atribuyen consensos y posiciones que no reflejan lo compartido en los talleres organizados por el Minem. Específicamente, el gremio objeta la creación de un nuevo proceso de formalización minera, enfatizando que la Ley N°32213 ya amplió el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para ofrecer una última oportunidad de formalización.
Entre los puntos cuestionados por la SNMPE destaca la autorización de explosivos, donde el documento del Minem sugiere un consenso sobre la ineficacia del esquema actual y propone un procedimiento especial para la pequeña minería. El gremio rechaza esta propuesta, advirtiendo sobre los riesgos de relajar las exigencias técnicas y la rigurosidad en el manejo de explosivos, tanto para la seguridad de los trabajadores como para la seguridad nacional, debido al posible desvío a actividades ilícitas. La trazabilidad y control de explosivos son fundamentales para evitar que estos insumos sean utilizados en actividades delictivas como la minería ilegal y el terrorismo.
El análisis de El Comercio revela que el documento del Minem plantea la incorporación de un programa especial de comercialización de oro para la MAPE, la sustitución del instrumento de gestión ambiental por uno más simple, la posibilidad de una ley específica para la minería aluvial, la creación de una dirección general especializada en la MAPE y un régimen especial para el manejo de explosivos. Estas propuestas, según el análisis, generan incertidumbre en el sector. La simplificación de los trámites ambientales es un tema controvertido, ya que podría facilitar la actividad minera, pero también aumentar el riesgo de impactos ambientales negativos.
Para César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, esta iniciativa busca «facilitarles el camino» a los mineros informales, otorgándoles «el todo por el todo». Ipenza critica la necesidad de este nuevo documento, considerando que el proyecto de ley ya había sido enviado por el Ejecutivo. Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública, considera que el documento no debería servir como base para la nueva ‘Ley Mape’, ya que no cuenta con la validación de los participantes. Arenas sugiere que se están introduciendo temas y conceptos para influir en la ley, buscando que se ajuste a intereses particulares, o incluso para impedir su aprobación antes del final de la legislatura. La falta de consenso y la percepción de intereses ocultos amenazan con obstaculizar la aprobación de una ley que busca regularizar un sector clave para la economía peruana.
