La investigación congresal sobre la presidenta Dina Boluarte, vinculada al controvertido «caso Rolex», ha sido cerrada tras una votación en la Comisión Permanente. Este desenlace se produce en un contexto político marcado por constantes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, con investigaciones fiscales en curso que involucran a altos funcionarios del gobierno.
Según la investigación publicada por Gestión, la Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado “caso Rolex”, al obtener 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. La acusación, promovida por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, imputaba a Boluarte presunto cohecho pasivo.
Previamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya había desestimado la denuncia, argumentando que los hechos no se subsumían en los supuestos del artículo 117 de la Constitución, el cual delimita los motivos por los que un presidente en ejercicio puede ser acusado. Este blindaje político se consolida con el respaldo de congresistas de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia, evidenciando una correlación de fuerzas favorable al gobierno en el Parlamento.
Durante el debate en la Comisión Permanente, la voz discordante fue la del congresista Alex Flores, perteneciente a la Bancada Socialista. Flores calificó la decisión como un encubrimiento de uno de los casos “más graves de corrupción” del gobierno actual, subrayando la falta de transparencia en torno al origen y la posesión de los relojes de lujo por parte de la mandataria. Es importante recordar que el «caso Rolex» surgió a raíz de la revelación del uso, por parte de la presidenta Boluarte, de relojes de alta gama, incluyendo un Rolex valorado en miles de dólares, sin que estos bienes figuraran en sus declaraciones juradas.
La denuncia formal, presentada por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, desató una ola de cuestionamientos sobre la procedencia de los relojes y la posible obtención de beneficios indebidos. El archivo de la denuncia, tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la Comisión Permanente, ha generado controversia y críticas por parte de diversos sectores políticos y de la sociedad civil, quienes consideran que se ha perdido una oportunidad para esclarecer los hechos y sancionar posibles irregularidades. La fiscalía de la Nación aún mantiene una investigación preliminar en curso.
En la misma sesión, la Comisión Permanente también archivó otra denuncia, esta vez contra la congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso (APP), vinculada al caso conocido como “mochasueldos”. La votación en este caso fue de 19 votos a favor del archivo, 1 en contra y 2 abstenciones. El informe que sustentó el archivo concluyó que no se encontraron pruebas suficientes para sostener la acusación por el presunto delito de concusión, ni por la supuesta violación de artículos de la Constitución, generando un nuevo debate sobre la ética y la transparencia en el Congreso.
