La minería informal ha intensificado su presencia en las dependencias del Ministerio de Energía y Minas (Minem) desde la asunción de Jorge Montero Cornejo como titular, evidenciando una dinámica que genera preocupación en el sector. Este aumento de visitas se produce en un contexto de debate sobre la regulación de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), y la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo clave para la formalización en este ámbito.
Según la investigación publicada por El Comercio, los gremios de mineros informales han realizado 42 visitas a las sedes del Minem en los cuatro meses y medio transcurridos desde el ingreso de Montero a fines de noviembre pasado, tras la censura de Rómulo Mucho. Esta frecuencia equivale a una visita cada tres días y medio, marcando un contraste con la gestión anterior y generando interrogantes sobre la influencia de estos grupos en la política minera actual.
El propio ministro Montero ha recibido en ocho oportunidades a dirigentes de estos gremios, incluyendo una reunión de más de dos horas con la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) y la Federación de Mineros de Madre de Dios. En este encuentro, participó Máximo Franco Bequer, presidente de Confemin y figura política vinculada a partidos como Renovación Popular y Avanza País. Es relevante recordar que Confemin se atribuyó la censura del anterior ministro, Rómulo Mucho, lo que añade suspicacias sobre sus motivaciones e influencia.
Adicionalmente, Montero sostuvo cuatro reuniones con la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe). En total, dedicó más de quince horas a escuchar las propuestas de los mineros informales. Esta apertura ha sido interpretada por algunos actores del sector como una señal de debilidad y cesión de terreno, especialmente en lo que respecta a la implementación de la nueva Ley MAPE. También es importante señalar que el presupuesto del Minem para el año fiscal en curso asciende a más de 700 millones de soles, lo que subraya la importancia de una gestión transparente y eficiente de los recursos.
Un punto crítico señalado en el reportaje es la salida de Mayra Figueroa de la Dirección General de Formalización Minera, tras la presión de los gremios mineros. Su reemplazo por Máximo Gallo Quintana, quien ha defendido la “sucesión” del Reinfo, ha generado controversia. Gallo Quintana, desde su designación, ha mantenido una intensa agenda de reuniones con diversos gremios de mineros informales, dedicando más de 26 horas a estos encuentros. El Reinfo, actualmente cuenta con más de 70 mil inscritos, muchos de los cuales tienen problemas para cumplir con los requisitos de formalización.
Expertos como el abogado César Ipenza han expresado su preocupación por la “condescendencia” del Minem hacia los mineros informales y han solicitado transparencia en la agenda de las reuniones. El exministro Rafael Belaunde Llosa advierte sobre los “intereses oscuros” que buscan una Ley MAPE que les otorgue impunidad. Para el año 2024, se estimó que la minería ilegal movió más de 3 mil millones de dólares en el país.
Ante este panorama, el Minem enfrenta el desafío de equilibrar la atención a las demandas de los mineros informales con la necesidad de promover una minería responsable y sostenible. La elaboración de la nueva Ley MAPE, que busca regular la actividad, se ha convertido en un punto de tensión entre los diferentes actores del sector. El ministro Montero ha asegurado que el Reinfo desaparecerá a más tardar el 1 de enero de 2026, dando paso a una nueva legislación. Sin embargo, la desconfianza persiste y la transparencia se vuelve fundamental para garantizar la legitimidad del proceso.
