La educación superior estadounidense se enfrenta a una crisis de confianza tras la reciente decisión del gobierno de Donald Trump de restringir la matriculación de estudiantes internacionales. Esta medida, que impacta directamente a instituciones de élite como la Universidad de Harvard, ha generado incertidumbre y preocupación entre miles de estudiantes que ven comprometido su futuro académico y profesional. La repentina política ha suscitado una ola de críticas y acciones legales, poniendo en tela de juicio el atractivo global de las universidades estadounidenses.
Según la investigación publicada por Gestión, la revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de Harvard ha sumido en el caos a la comunidad estudiantil internacional. El momento elegido para esta acción, después de que las cartas de admisión ya se hubieran enviado y los plazos para traslados a otras universidades se hubieran cerrado, agrava la situación para los alumnos, tanto actuales como futuros.
Marie Chantel Montas, una doctoranda dominicana en ciencias de la salud pública en Harvard, se encontraba de viaje con su esposo cuando se enteró de la noticia. A dos años de obtener su título, Montas enfrenta un futuro incierto, expresando su angustia ante la dificultad de encontrar otra universidad con un programa tan específico que se ajuste a sus necesidades académicas. Su caso refleja la desesperación de muchos estudiantes que han invertido tiempo y recursos significativos en sus estudios en Harvard.
La decisión de la administración Trump no solo afecta a los estudiantes, sino que también se percibe como un golpe a la reputación y competitividad de Estados Unidos en el ámbito académico y empresarial. Expertos señalan que esta medida podría beneficiar a universidades de élite en otros países de habla inglesa, quienes podrían captar a estudiantes talentosos que ahora ven a EE.UU. como un destino menos atractivo. El impacto económico de los estudiantes internacionales es considerable, aportando miles de millones de dólares a la economía estadounidense cada año, según datos del Departamento de Comercio de EE.UU.
Ante esta situación, Harvard ha presentado una demanda en un tribunal federal de Massachusetts para bloquear la prohibición, calificándola de ilegal. La universidad argumenta que la medida es arbitraria y perjudica su capacidad para atraer y retener a estudiantes internacionales, quienes representan un porcentaje significativo de su alumnado. La respuesta de Harvard se suma a las crecientes críticas contra las políticas migratorias de la administración Trump, que han sido objeto de controversia desde su inicio. La matrícula anual de Harvard supera los 50.000 dólares, lo que representa una inversión considerable para los estudiantes y sus familias.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha condicionado la recuperación de la certificación de Harvard a la entrega de información detallada sobre la disciplina estudiantil, incluyendo expedientes, grabaciones de protestas y registros de actividades ilegales de los estudiantes durante los últimos cinco años, otorgando un plazo de 72 horas. Esta exigencia ha sido interpretada por algunos como una medida punitiva y un intento de ejercer presión sobre la universidad. La tasa de aceptación de Harvard es inferior al 5%, lo que la convierte en una de las universidades más selectivas del mundo.
Estudiantes como Jada Pierre, estudiante de último año, y Fangzhou Jiang, un estudiante chino de maestría, han expresado su preocupación y frustración ante la incertidumbre generada por la medida. Jiang, quien estaba planeando su vida en torno a sus estudios en Harvard, se enfrenta ahora a la difícil tarea de replantear sus planes académicos y personales. La situación ha generado una ola de movilización estudiantil, con iniciativas como la declaración de Students for Freedom, que insta a la universidad a resistir las demandas de la administración y a defender los derechos de los estudiantes internacionales.
