La Fiscalía de la Nación se encuentra en el ojo de la tormenta política, con cuestionamientos sobre la objetividad de las investigaciones que involucran directamente a la Presidenta Dina Boluarte. La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, ha salido al frente para desmentir las acusaciones de motivaciones políticas detrás de las pesquisas, al tiempo que reitera la urgencia de una mayor asignación de recursos para el correcto funcionamiento de la institución.
Según la investigación publicada por Gestión, las declaraciones de Espinoza se producen en un momento de alta tensión política, marcado por las múltiples denuncias constitucionales presentadas en el Congreso contra la mandataria y una creciente fricción entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Este escenario se complica aún más por la crisis económica que atraviesa el país, con un debate abierto sobre la priorización del gasto público.
En sus declaraciones a Nativa, Delia Espinoza fue enfática al rechazar las imputaciones de politización en su labor. Subrayó que su accionar responde exclusivamente a un análisis técnico, legal y jurídico, velando por los intereses del Ministerio Público. Espinoza defendió la rigurosidad de los procesos de investigación, asegurando que se respetan los derechos fundamentales de los investigados y que no se incurre en la presentación indiscriminada de denuncias.
La Fiscal de la Nación también aprovechó la ocasión para denunciar la falta de respuesta del gobierno a su solicitud de ampliación presupuestal. Espinoza recordó las reuniones sostenidas con los exministros de Economía, José Salardi y Gustavo Adrianzén, donde se detallaron las necesidades operativas de la institución para lo que resta del presente año fiscal.
La solicitud presupuestal asciende a S/ 1,371 millones, un monto que Espinoza considera «muy reducido» para garantizar el óptimo desempeño del Ministerio Público hasta fin de año. A pesar de las promesas de los exministros de hacer «todo lo posible», la Fiscal de la Nación lamentó no haber recibido hasta la fecha ninguna respuesta concreta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta situación pone en riesgo la capacidad de la Fiscalía para llevar adelante investigaciones complejas y cumplir con su rol constitucional.
La falta de recursos podría afectar diversas áreas clave del Ministerio Público, desde la adquisición de tecnología forense hasta la contratación de personal especializado. En un contexto de creciente criminalidad y corrupción, la carencia de presupuesto limita la capacidad de la Fiscalía para investigar y sancionar a los responsables, socavando la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. La asignación de recursos a la Fiscalía es crucial para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la igualdad ante la ley.
