La crisis de los opioides en Estados Unidos ha cobrado una nueva dimensión legal con la sentencia de Martin Elling, ex socio principal de McKinsey & Company, a seis meses de prisión por la destrucción de documentos clave. Este acto de obstrucción a la justicia buscaba, presuntamente, ocultar el papel de la consultora en la intensificación de las ventas de OxyContin, un potente analgésico, durante el auge de esta devastadora epidemia que ha afectado a comunidades enteras y se ha cobrado cientos de miles de vidas.
Según la investigación publicada por The New York Times, Elling, de 60 años, se declaró culpable de obstrucción a la justicia, en el marco de una causa federal más amplia dirigida contra McKinsey y su presunta contribución al incremento exponencial de las ventas de OxyContin durante la peor etapa de la crisis. Como resultado de dicha investigación, McKinsey ya había acordado pagar 650 millones de dólares para zanjar la investigación en diciembre pasado.
Los hechos que llevaron a la condena de Elling se remontan a 2018, en un momento en que Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, se enfrentaba a numerosas demandas judiciales. En ese contexto, Elling envió un correo electrónico a un colega que trabajaba con él en la cuenta de Purdue, sugiriendo la necesidad de consultar con el comité de riesgos sobre la conveniencia de “eliminar todos nuestros documentos y correos electrónicos”. Esta comunicación, que salió a la luz pública, fue clave para su posterior procesamiento y condena.
Tras el envío de ese correo electrónico, Elling procedió a borrar archivos relacionados con su trabajo para Purdue, según determinó el Departamento de Justicia tras un análisis forense de su ordenador portátil. La magnitud de la destrucción de pruebas y la posición de Elling dentro de McKinsey agravaron aún más la situación.
Además de la pena de prisión, Elling deberá cumplir 1.000 horas de servicio comunitario durante dos años de libertad supervisada. Su equipo legal, en un comunicado emitido tras la sentencia, confirmó que Elling “acepta plenamente la responsabilidad por su conducta, por la cual está extremadamente arrepentido”. El juicio se celebró en el Tribunal de Distrito Federal de Abingdon, Virginia, una región especialmente afectada por la crisis de los opioides.
La relación entre McKinsey y Purdue Pharma, que se extendió durante aproximadamente 15 años, generó unos ingresos de alrededor de 93 millones de dólares para la consultora. Tras la controversia, McKinsey ha afirmado que ha dejado de asesorar a empresas tabacaleras y a ciertos clientes en países con regímenes autoritarios. Asimismo, la empresa ha expresado públicamente sus disculpas por su trabajo con Purdue y ya no trabaja en proyectos relacionados con opioides.
En respuesta a la creciente presión pública y las investigaciones en curso, McKinsey ha implementado medidas para revisar la selección de sus clientes, sometiendo los posibles trabajos a evaluaciones internas más exhaustivas. La firma ha pagado más de 1.500 millones de dólares en multas y sanciones en los últimos años, incluyendo una investigación sobre sus actividades en China y un acuerdo para resolver una investigación por soborno relacionada con una filial en Sudáfrica, que obligó a la consultora a abonar más de 122 millones de dólares.
