La **formalización minera**, un proceso crucial para regularizar la actividad extractiva en el país, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta política. Una moción de interpelación ha sido presentada en el Congreso contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, debido a modificaciones recientes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta acción legislativa, impulsada por un grupo plural de congresistas, busca esclarecer las implicancias de estos cambios y su posible impacto en el sector.
Según la investigación publicada por El Comercio, la moción de interpelación se centra en cuestionar la flexibilización de los requisitos para la transferencia de concesiones mineras, generando preocupación entre los legisladores firmantes.
La inquietud principal radica en la presunta relajación de las normas que regulan la transferencia de concesiones mineras. Se teme que las nuevas disposiciones permitan la elusión de requisitos legales esenciales, facilitando la continuidad de actividades mineras informales o ilegales. El Reinfo, creado para integrar a los pequeños mineros a la economía formal, podría verse socavado por estas modificaciones, según los críticos.
Un punto especialmente controvertido es la posibilidad de que los herederos de una concesión continúen el proceso de formalización sin necesidad de constituir una persona jurídica. Los parlamentarios argumentan que esta medida contraviene la legislación vigente, que exige la formalización a través de entidades legales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La flexibilización de este requisito podría abrir la puerta a la especulación y al aprovechamiento indebido de los recursos minerales.
La moción también hace referencia a los lamentables actos de violencia relacionados con la minería ilegal, que han cobrado la vida de trece personas. Los congresistas sostienen que una regulación deficiente contribuye a la proliferación de estas actividades ilícitas, generando un clima de inseguridad y vulnerabilidad en las zonas mineras. El debate sobre la interpelación se presenta en un contexto delicado, donde la lucha contra la minería ilegal es una prioridad nacional.
El pliego interpelatorio consta de veinte preguntas que abordan en detalle la labor del ministro Montero, con especial énfasis en el Reinfo y en las políticas relacionadas con la sucesión y transferencia de concesiones. Los congresistas buscan obtener respuestas claras y transparentes sobre las decisiones tomadas y su justificación legal. La interpelación, por tanto, se presenta como un mecanismo de control político para asegurar que las políticas del Ministerio de Energía y Minas se ajusten a la ley y promuevan el desarrollo sostenible del sector.
Entre los congresistas que han suscrito la moción de interpelación figuran representantes de diversas bancadas, como Wilson Soto, Guillermo Bermejo, Maricarmen Alva, Alex Flores y Diego Bazán. Esta diversidad de respaldos refleja la preocupación transversal que existe en el Congreso respecto a la gestión del sector minero y la necesidad de garantizar la legalidad y la transparencia en la formalización. El debate que se avecina promete ser intenso y de gran relevancia para el futuro de la minería en el Perú.
