La formalización minera en Perú enfrenta un nuevo desafío, ya que el Congreso ha escalado su fiscalización sobre la gestión del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El debate se centra en la efectividad de las políticas implementadas y su impacto real en la lucha contra la minería ilegal, un problema que ha generado graves consecuencias sociales y ambientales en diversas regiones del país. La reciente presentación de una moción de interpelación contra el ministro Jorge Montero evidencia la creciente preocupación de los legisladores ante presuntas irregularidades en la reglamentación de la formalización.
Según la investigación publicada por Gestión, parlamentarios de diversas bancadas han promovido una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, a raíz de supuestas falencias en la publicación del Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, que reglamenta la Ley N.º 32213 relativa a la formalización minera.
La moción, que cuenta con el respaldo de más de treinta congresistas, provenientes de un amplio espectro político que incluye desde Acción Popular hasta Fuerza Popular, pasando por Perú Libre y Renovación Popular, supera el mínimo requerido para su admisión a debate. Este respaldo transversal sugiere una preocupación compartida sobre la dirección que está tomando la política minera en el país, especialmente en lo que concierne al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
El documento de interpelación plantea serias dudas sobre las decisiones tomadas por el ministro Montero con respecto al plazo del proceso de formalización, así como a las disposiciones que permiten la transferencia de titularidad de las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Se cuestiona si estas medidas, en lugar de impulsar la formalización, podrían estar abriendo la puerta a prácticas ilegales y al fortalecimiento de la minería informal. Es importante recordar que el Reinfo, creado en 2012, buscaba integrar a los pequeños mineros a la legalidad, pero ha sido objeto de controversia por su aparente ineficacia.
Entre los puntos más críticos de la moción se encuentran las acusaciones de medidas arbitrarias e indicios de ilegalidad en el Decreto Supremo N.º 009-2025-EM. Los parlamentarios argumentan que estas disposiciones podrían no solo obstaculizar la formalización genuina, sino también beneficiar a aquellos que operan al margen de la ley. Adicionalmente, se hace referencia a la trágica muerte de trece personas en Pataz, un lamentable recordatorio de las consecuencias devastadoras de la minería ilegal y la falta de control en la región.
El pliego interpelatorio consta de veinte preguntas dirigidas al ministro Montero, que abordan temas cruciales como la lentitud del proceso de formalización, la seguridad jurídica de los titulares de concesiones mineras formales, las invasiones de terrenos por parte de mineros informales e ilegales, y la falta de celeridad en la obtención de autorizaciones ambientales. Los congresistas también cuestionan la efectividad de las medidas tomadas para frenar el mercado informal de licencias Reinfo y la protección de los titulares de concesiones mineras frente a la subdivisión de sus terrenos a terceros involucrados en actividades ilegales. La respuesta del ministro Montero a estas preguntas será clave para determinar el futuro de la política minera y su impacto en la economía y el medio ambiente del país.
