La inmigración estudiantil en Estados Unidos se mantiene en el centro del debate legal, tras una orden judicial que frena las políticas de la administración Trump. La orden nacional, emitida por un juez federal de California, impide la revocación del estatus legal de estudiantes extranjeros, protegiéndolos de la deportación mientras cursan estudios y trabajan en el país. Esta decisión representa un revés para las políticas migratorias restrictivas impulsadas en los últimos años.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, la sentencia del juez federal Jeffrey White, con sede en Oakland, prohíbe a la administración cancelar el estatus legal de estudiantes internacionales sin una revisión individualizada y sin seguir los criterios establecidos en la normativa federal. La medida cautelar busca proteger a miles de estudiantes cuyo estatus había sido puesto en riesgo por acciones administrativas previas.
La controversia se originó cuando la administración Trump canceló este año los registros de miles de ciudadanos extranjeros en la base de datos del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS). Esta acción, justificada bajo el pretexto de combatir a estudiantes con antecedentes penales, generó preocupación sobre la legalidad y la transparencia del proceso. La cancelación de registros en la base de datos SEVIS implica que los estudiantes pierden su estatus legal en el país, exponiéndolos a la detención, el arresto e incluso la deportación. En la práctica, esto significaba una amenaza constante para su permanencia en Estados Unidos.
Bloomberg News informó que, paralelamente, la administración Trump notificó a la Universidad de Harvard la revocación de su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, lo que le impediría matricular a estudiantes internacionales. Si bien la orden del juez White se aplica a estudiantes individuales y no a instituciones, la notificación a Harvard ejemplifica la postura de la administración respecto a la inmigración estudiantil. La decisión sobre Harvard, aunque no directamente afectada por la orden judicial, subraya la intención de restringir el acceso de estudiantes extranjeros a las universidades estadounidenses.
Ante varios recursos legales, las autoridades estadounidenses restablecieron el estatus cancelado de miles de estudiantes el mes pasado. El juez White expresó su preocupación ante lo que consideró un intento de eludir el escrutinio judicial, cambiando de postura para resolver casos individuales en los tribunales de todo el país. White argumentó que los funcionarios estaban tratando de evitar el cumplimiento de las regulaciones obligatorias, generando incertidumbre sobre el futuro de estos estudiantes.
Los demandantes en los casos SEVIS argumentaron que las cancelaciones masivas eran ilegales y que, en algunos casos, la administración había incluido a estudiantes que no cumplían con los requisitos para que se les revocara su estatus. En su dictamen, White señaló que era probable que los estudiantes que habían presentado demandas ante su tribunal tuvieran éxito al argumentar que la revocación de su estatus era “arbitraria y caprichosa”. La orden judicial también impide a la administración arrestar o detener a estudiantes basándose en las cancelaciones del SEVIS o “imponer cualquier efecto legal adverso” mientras el litigio sigue su curso. Esta medida proporciona una protección temporal a los estudiantes mientras se resuelve el litigio en curso.
