La presidenta Dina Boluarte, a través de su defensa legal, informó que tomará acciones legales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en respuesta a una serie de denuncias constitucionales presentadas en su contra. Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, indicó que ya se evalúa denunciar a Espinoza ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, alegando que la titular del Ministerio Público ha mostrado una “actitud desafiante” y actúa con una agenda política.
Durante una conferencia de prensa, Portugal expresó su rechazo a las cinco denuncias interpuestas en solo dos días mientras Boluarte se encontraba en el Vaticano. Según afirmó, hasta el momento no se les ha notificado debidamente el contenido de todas las acusaciones, con excepción de dos: una por presunto enriquecimiento ilícito y otra vinculada a intervenciones estéticas.
“Consideramos que el Ministerio Público ha sido instrumentalizado, no para buscar la verdad ni ejercer una función constitucional de control, sino con una finalidad política”, sostuvo el letrado.
Esta no es la primera vez que la fiscal Espinoza enfrenta críticas. En marzo, congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Podemos Perú, junto con el exministro Juan José Santiváñez, presentaron cuatro denuncias en su contra por supuestos abusos de autoridad, encubrimiento y desacato a normativas legales.
Cinco nuevas denuncias constitucionales contra Boluarte
Entre el 15 y 16 de mayo, la Fiscalía presentó cinco denuncias constitucionales contra la presidenta. La primera se relaciona con presuntas lesiones graves cometidas por fuerzas del orden durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, con 75 víctimas identificadas en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco y Lima.
La segunda está vinculada a su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde se le acusa de favorecer a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor Boluarte, en contratos por casi 50 mil soles.
Las tres restantes incluyen acusaciones por el caso Rolexgate, presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, y una por omisión de funciones, relacionada con cirugías estéticas durante su mandato.
