La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria. La propuesta, presentada por el legislador Wilson Soto (Acción Popular), recibió 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, y deberá ahora ser debatida en el Pleno del Parlamento.
La iniciativa busca modificar el artículo 93 de la Constitución para impedir que los congresistas sean detenidos o procesados penalmente durante su mandato, salvo autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. La única excepción sería si un parlamentario es sorprendido en flagrancia cometiendo un delito, en cuyo caso deberá ser puesto a disposición del Congreso en un plazo de 24 horas, el cual tendrá 30 días para decidir si se permite su enjuiciamiento. Si no se pronuncia en ese tiempo, se entenderá como una autorización tácita.
El proyecto también establece que solo la Corte Suprema podrá procesar a un congresista por delitos comunes cometidos durante su ejercicio, excluyendo a jueces ordinarios. Además, se indica que la norma no se aplicará a hechos ocurridos antes del año 2026.
Entre los parlamentarios que votaron a favor se encuentran representantes de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, entre otros. En contra se pronunciaron Víctor Cutipa (JP), Ruth Luque (BDP) y Alex Flores (Bancada Socialista). Se abstuvieron José Williams (Avanza País), Alex Paredes (Bloque Magisterial), entre otros.
Especialistas advierten posible retroceso democrático
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos sostuvo que, de aprobarse esta reforma, el Congreso volvería a controlar el inicio de procesos penales contra sus miembros. «Los legisladores podrían ser investigados, pero no procesados sin autorización previa del Parlamento», advirtió.
En la misma línea, el excongresista Luis Roel (Acción Popular) consideró que este cambio representa un retroceso institucional. «Podría prestarse a que personas busquen el Congreso como refugio ante eventuales investigaciones», alertó.
Cabe recordar que en 2021 se eliminó la inmunidad parlamentaria tras intensos cuestionamientos públicos. El constitucionalista Omar Cairo respaldó entonces la medida, afirmando que protegía indebidamente a congresistas involucrados en delitos no vinculados a sus funciones.
