La formalización de la minería artesanal y a pequeña escala enfrenta una encrucijada, mientras el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se acerca a su fecha límite del 30 de junio. La incertidumbre sobre una posible prórroga mantiene en vilo a miles de mineros y sus familias, que dependen de esta actividad económica. El Reinfo es un proceso crucial para la legalización de las operaciones mineras a nivel nacional.
Según la investigación publicada por El Comercio, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha preferido no comprometerse con una extensión del Reinfo, aunque tampoco la ha descartado por completo. Sus declaraciones ambiguas dejan abierta la posibilidad de que el Gobierno evalúe la situación antes de tomar una decisión definitiva, una postura que genera expectación y análisis en el sector.
La postura del Premier Arana se basa en la necesidad de evaluar a fondo la realidad de la minería informal y artesanal en el país, considerando las preocupaciones tanto de la población como de las autoridades locales. Arana enfatizó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados antes de tomar una decisión que podría afectar a miles de personas. El diálogo con las comunidades y los gobiernos regionales se presenta como un factor clave en la determinación final.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, juega un papel fundamental en este proceso. Arana destacó el trabajo de Montero, mencionando una reciente visita a la región de Pataz, en La Libertad, donde pudieron observar de primera mano las condiciones de las bocaminas y las operaciones mineras. Esta experiencia en terreno es considerada esencial para comprender la complejidad del sector y tomar decisiones informadas.
La participación ciudadana y la colaboración de las autoridades locales son elementos centrales en la estrategia del Gobierno. Arana subrayó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) liderará los esfuerzos para abordar la problemática de la minería informal, buscando soluciones que beneficien tanto a los mineros como a las comunidades donde operan. Se busca un equilibrio entre la formalización, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico local.
Es crucial recordar que, en diciembre del año anterior, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N.° 32213, aprobada previamente por el Congreso, que extendía la vigencia del Reinfo hasta el 30 de junio de 2025. La misma ley contemplaba la posibilidad de una prórroga adicional de seis meses mediante un decreto supremo del Ejecutivo. Esta disposición legal introduce un elemento adicional de incertidumbre, ya que la decisión final recae en manos del Gobierno central.
A pesar de la prórroga legal vigente, la formalización de los mineros inscritos en el Reinfo sigue siendo un desafío importante. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), un porcentaje significativo de los inscritos aún no ha completado los trámites necesarios para obtener la formalización completa. Factores como la burocracia, la falta de recursos y la complejidad de los requisitos dificultan el proceso. La extensión del plazo es vista por algunos como una oportunidad para agilizar la formalización y reducir la minería ilegal.
