La dirigente transportista Teresa Picón, representante de una asociación de transporte urbano en Huánuco, ha denunciado públicamente una serie de actos irregulares en torno al uso y asignación de paraderos dentro de la ciudad. Según afirma, algunas zonas de estacionamiento vehicular estarían siendo otorgadas sin respaldo legal, en lo que describe como presuntos “pagos políticos” que beneficiarían a sectores vinculados al transporte informal.
De acuerdo con su testimonio, se estarían promoviendo espacios sin autorización municipal para favorecer a determinados grupos, mientras otros transportistas —que sí cuentan con requisitos formales— deben pagar diariamente sumas superiores a los 20 soles para operar. Estas condiciones, señala Picón, no solo profundizan la informalidad, sino que afectan directamente a quienes intentan cumplir con la normativa vigente.
Uno de los puntos más graves de la denuncia apunta al actual regidor de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Víctor Laurencio, a quien Teresa Picón acusa de presuntamente estar coludido con operadores del transporte informal. Según indica, existiría una estructura de cobro diario por uso de espacios públicos sin autorización, lo que configuraría —de comprobarse— una forma de corrupción institucionalizada en perjuicio del ordenamiento urbano.
Picón también ha expresado su malestar ante la falta de atención por parte del alcalde, a quien habría solicitado reuniones para exponer estos hechos sin recibir respuesta. A ello se suma su crítica a la ejecución de obras viales, como la colocación de rompemuelles, que —según sostiene— no resuelven el problema del tránsito y podrían estar afectando aún más la circulación vehicular. En su lugar, propone la implementación de semáforos y medidas técnicas que favorezcan una reorganización sostenible del transporte.
La dirigente deja en claro que no se opone a la habilitación de nuevos espacios para mejorar la circulación, siempre y cuando estos estén debidamente formalizados y se respete el principio de equidad. “No puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría”, ha declarado, al referirse a los privilegios que, según ella, estarían operando bajo amparo político o mediante documentación irregular.
Teresa Picón ha anunciado que presentará próximamente documentos que respaldan sus afirmaciones, con el objetivo de exigir un trato justo y legal para todos los transportistas. El llamado que hace es contundente: que se ordene el sistema, sí, pero sin extorsión, favoritismos ni aprovechamiento político.
