La controversia rodea al juez supremo Jorge Salas Arenas, quien fuera también presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por la solicitud de que el Estado asuma los costos de su defensa legal, ascendentes a más de S/70,000, en relación con la denuncia constitucional presentada en su contra por la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. Este caso resalta la tensión entre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el derecho a la defensa, generando debate sobre el uso de los recursos del erario nacional. La defensa legal, en este contexto, se convierte en un punto álgido en el escrutinio de la gestión pública.
Según la investigación publicada por El Comercio, el juez Salas Arenas formalizó su requerimiento al JNE el 24 de abril, en respuesta a la denuncia constitucional N°451 interpuesta por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País). Dicha denuncia, radicada en el Congreso desde el año anterior, acusa a Salas Arenas de infringir hasta cinco artículos de la Constitución peruana.
En su comunicación dirigida al actual titular del JNE, Roberto Burneo, Salas Arenas argumenta que, como expresidente del organismo electoral, le corresponde legalmente recibir defensa legal. Se ampara en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento, los cuales facultan a los servidores públicos a contar con asesoría legal, incluso en investigaciones parlamentarias, cuando se trata de actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Esta prerrogativa busca proteger a los funcionarios de posibles represalias por decisiones tomadas en el cumplimiento de su deber.
El expediente presentado por Salas Arenas al JNE incluía una estimación de costos para el servicio de defensa legal, fijada en S/70,800, con la propuesta de contratar al Estudio Arbizu & Gamarra SAC. La propuesta cubría todo el proceso, desde su aceptación hasta la resolución final del pleno del Congreso. La solicitud fue evaluada internamente por el JNE y, tras subsanar algunas observaciones formales, fue aprobada mediante una resolución de la presidencia del organismo el 8 de mayo, apenas quince días después de su presentación.
La resolución emitida por el JNE instruye a las direcciones de recursos humanos y planeamiento a “adoptar las acciones pertinentes para la ejecución de los gastos respectivos en virtud a la defensa legal aprobada”, sujetándose a la disponibilidad presupuestal de la entidad y sin solicitar fondos adicionales al Tesoro Público. Esta decisión implica que el JNE deberá reasignar recursos internos para cubrir los costos de la defensa de Salas Arenas. La controversia se intensifica al conocerse que esta es solo una de las cuatro denuncias constitucionales que enfrenta el ex presidente del JNE en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
La denuncia contra Salas Arenas se basa en la presunta infracción de los artículos 38, 51, 103, 178 y 181 de la Constitución, por la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O., liderado por Antauro Humala, a finales de 2023. Posteriormente, la Corte Suprema declaró ilegal dicha inscripción por contravenir los principios democráticos. Se argumenta que Salas Arenas, al permitir la inscripción de un grupo con principios antidemocráticos, incumplió su deber de proteger los intereses nacionales y garantizar el cumplimiento del sistema democrático.
