La reciente directiva emitida por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita al Ministerio de Justicia, ha generado profunda preocupación entre los familiares de víctimas del conflicto armado interno. La norma, aprobada sin acoger las recomendaciones de organizaciones de derechos humanos ni del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, establece plazos fijos para cada etapa del proceso de búsqueda, lo que podría traducirse en el cierre de miles de casos sin resultados tangibles.
Rosa Pallqui y Doris Caqui llevan más de tres décadas buscando a sus esposos, Jaime Ayala y Teófilo Rímac, desaparecidos en 1984 y 1986, respectivamente. Como ellas, miles de familiares temen que esta directiva convierta la búsqueda en un procedimiento meramente administrativo. Aunque el documento menciona que “la búsqueda es una obligación permanente”, establece plazos concretos: 15 días para una evaluación preliminar, otros 15 para iniciar la investigación, y hasta 18 meses para concluir la fase humanitaria. Si no se encuentra ningún indicio, se emite un informe de cierre.
El Grupo de Trabajo de la ONU ya había advertido en marzo que este enfoque vulnera los estándares internacionales, al no considerar el carácter permanente del delito de desaparición forzada ni la obligación continua del Estado de buscar a las víctimas.
En cifras, el Registro Nacional de Desaparecidos (RENADE) reporta 22.626 personas desaparecidas entre 1980 y 2000. Hasta fines de 2023, solo se había hallado a 3.400. De aplicarse esta nueva directiva, más de 19.000 casos podrían archivarse sin que se agoten todos los esfuerzos por encontrarlos.
Los resultados del presente año reflejan ya un drástico retroceso: entre enero y abril de 2025 se recogió información solo de 36 personas desaparecidas, frente a las 480 del mismo periodo del año anterior.
Organizaciones como ANFADET y familiares de víctimas de La Cantuta cuestionan que se privilegie la entrega de informes administrativos en lugar de una búsqueda real. “No se puede considerar una respuesta enviar un documento que no diga dónde está el desaparecido”, señalaron.
